Condenaron a un minero por violencia de género y por destrozar un patrullero en Pocito

Guillermo Mario Morales recibió una pena de casi dos años de prisión efectiva. Deberá pagar un millón de pesos al Estado por los daños causados al móvil policial.

La Justicia sanjuanina dictó una dura sentencia contra Guillermo Mario Morales (41), empleado de la mina Veladero, tras protagonizar un violento episodio en el Barrio UPCN. En un juicio abreviado, Morales fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, tras ser declarado reincidente.

Crónica de una madrugada violenta

El hecho se desencadenó el pasado 1 de abril. Según la investigación de la UFI interviniente, Morales regresó a su hogar cerca de las 06:00 en estado de ebriedad, iniciando una discusión con su pareja. La situación escaló horas más tarde cuando el hombre:

  • Amenazó de muerte a la mujer para evitar que llamara al 911.

  • Intentó incendiar la vivienda, afectando muebles en la habitación de sus propios hijos.

  • Se resistió violentamente a la detención cuando la policía ingresó al domicilio.

Furia dentro del patrullero y multa millonaria

Lo que agravó significativamente la situación económica del condenado fue su conducta tras ser reducido. Una vez dentro del móvil policial, Morales arremetió a patadas contra la estructura del vehículo, logrando romper una ventanilla, deformar una puerta y arrancar la reja de protección interna.

Por estos destrozos, la sentencia le obliga a abonar la suma de $1.000.000 en concepto de reparación al Estado provincial por “daño agravado”.

Protección a la víctima

Además de la reclusión en el Servicio Penitenciario, la Justicia dispuso medidas estrictas para resguardar a la mujer y sus tres hijos:

  • Exclusión del hogar.

  • Prohibición de acercamiento a menos de 300 metros.

  • Prohibición de contacto por cualquier vía durante un año tras cumplir la condena.

La causa contó con la intervención del fiscal coordinador Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales García Tomas y Bustos, junto a la Fiscalía de Estado para el reclamo por los daños materiales.

POR LIC. EUGENIA VILA

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