El Gobierno de San Juan no descarta intervenir en el conflicto judicial generado a partir de una resolución de la Justicia de La Rioja que ordena la suspensión de actividades del proyecto minero Vicuña y el bloqueo de uno de sus principales accesos.
Fuentes oficiales confirmaron que Fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila, analizará los alcances del fallo para determinar si corresponde una participación formal de la provincia. En ese marco, también deberán definir qué tipo de acción se podría impulsar, ya que consideran, en principio, que la medida sería improcedente al intentar frenar una actividad que se desarrolla en territorio sanjuanino.
La decisión judicial fue dictada por la jueza María Greta Decker Smith, de la Segunda Circunscripción Judicial de Chilecito, quien dispuso la suspensión del proyecto por 30 días y la prohibición de circulación por el corredor vial Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, ubicado en territorio riojano.
A pesar del impacto de la medida, desde San Juan indicaron que no hubo notificación oficial ni a las autoridades provinciales ni a la empresa. Incluso, allegados al proyecto aseguraron que Vicuña continúa operando con normalidad.
El fallo responde a una presentación del Fiscal de Estado de La Rioja, que planteó la necesidad de evaluar el impacto ambiental del emprendimiento también en esa provincia, debido a su cercanía con el límite interprovincial. En ese sentido, exigieron la presentación del Informe de Impacto Ambiental completo ante las autoridades riojanas.
Desde La Rioja sostienen que, por la magnitud del proyecto —que integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol—, los efectos ambientales podrían trascender los límites provinciales, por lo que consideran que se trata de una competencia compartida.
La resolución también incluyó cuestionamientos al marco normativo vigente en materia ambiental minera y advirtió sobre posibles daños irreparables si no se realizan los controles correspondientes.
Otro punto que generó controversia es que la magistrada consideró que el proyecto se encuentra en etapa de explotación, cuando en realidad está en fase de preconstrucción.
Mientras tanto, la policía riojana ya implementó el corte del camino de acceso desde Guandacol, una medida que suma tensión al conflicto interprovincial.
El gobernador Marcelo Orrego se refirió al tema y señaló que tomó conocimiento a través de los medios, al tiempo que remarcó que el planteo judicial está dirigido a la empresa y no involucra directamente a la provincia.
Con este escenario, San Juan evalúa los pasos a seguir en un conflicto que podría escalar tanto en el plano judicial como institucional.
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