La Justicia define si avanza la causa penal contra el intendente de Angaco y tres concejales
Una audiencia clave determinará si la denuncia contra José Castro y los ediles se investiga en el fuero penal o en la vía administrativa.
El próximo martes se llevará a cabo una audiencia decisiva para determinar si la denuncia contra el intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales debe avanzar en el ámbito penal dentro del sistema acusatorio.
La instancia estará a cargo de la jueza Ana Lía Larrea, quien deberá resolver el planteo de la defensa del jefe comunal y de los ediles, que sostiene que no existe delito y que cualquier controversia debería dirimirse en el fuero Contencioso Administrativo. Por su parte, la fiscal de Cámara Marcela Torres impulsará la postura acusatoria del Ministerio Público.
La causa tiene como eje un convenio promovido por Castro y aprobado por los concejales, mediante el cual el intendente intentó evitar el juicio que enfrenta por el presunto uso indebido de maquinaria y personal municipal en 2019, en un predio ubicado en Chimbas. A raíz de ese acuerdo, tanto el jefe comunal como los ediles fueron denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario.
La resolución de esta audiencia será determinante, ya que el juicio contra Castro se encuentra suspendido hasta que se defina si la causa continúa en la órbita penal. El debate oral estaba previsto para febrero, pero fue frenado luego de que el intendente intentara acogerse a una reparación integral del daño, ofreciendo cinco millones de pesos destinados a Cáritas de Angaco.
En la investigación interviene el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, quien solicitó seis meses para avanzar en la pesquisa. Sin embargo, la defensa —representada por Marcelo Fernández Valdez y Lionel García— impugnó la habilitación de la investigación penal preparatoria dictada por el juez Gerardo Fernández Caussi, lo que derivó en la intervención del Tribunal de Impugnación.
Según la decisión que adopte Larrea, el caso podría escalar rápidamente: si avala la investigación penal, la defensa anticipó que recurrirá a la Corte de Justicia; en cambio, si falla a favor del planteo defensivo, será fiscalía la que acuda al máximo tribunal provincial.
El proceso recién inicia y podría extenderse durante todo 2026. De hecho, el tribunal integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) ya dispuso la suspensión del juicio contra Castro hasta que exista una sentencia firme en esta causa paralela.
Op: Juan Llarena
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