Baigorrí impulsa la autonomía financiera del Ministerio Público Fiscal

El fiscal general ante la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, reavivó el debate sobre la distribución de recursos en el sistema judicial al plantear la necesidad de dotar al Ministerio Público Fiscal (MPF) de autonomía financiera. Según indicó, con un tercio del presupuesto que actualmente recibe el Poder Judicial sería suficiente para alcanzar ese objetivo.

El planteo se da en el marco de la discusión sobre el Presupuesto Provincial 2026, que asigna al Poder Judicial un total de $166.104.001.000, equivalente al 6% de las cuentas públicas, tal como establece la Constitución. En ese escenario, la propuesta implicaría destinar alrededor de $55.368 millones al MPF.

Baigorrí explicó que, si bien el organismo cuenta con autonomía funcional para llevar adelante investigaciones, aún depende del Poder Judicial en términos administrativos y financieros, lo que —según su visión— limita su capacidad operativa. “En la mayoría de las provincias, el Ministerio Público Fiscal tiene autonomía financiera y eso le da mayor jerarquización”, sostuvo.

El fiscal también propuso alternativas para avanzar hacia ese esquema sin modificar el porcentaje global asignado a la Justicia. Entre ellas, mencionó la posibilidad de un acuerdo institucional con la Corte que permita al MPF contar con una cuenta propia, o bien establecer por ley una distribución porcentual interna del presupuesto.

En cuanto a la estructura del sistema judicial, Baigorrí destacó que de los aproximadamente 900 empleados que integran el Poder Judicial, unos 460 pertenecen al Ministerio Público Fiscal. Este dato, afirmó, refleja el peso operativo del organismo, que además requiere mayores recursos por la complejidad de las investigaciones.

En ese sentido, sugirió un modelo de reparto interno más equilibrado, con una relación “4 a 2” entre la Corte y el MPF. Esto implicaría que cerca de $110.736 millones queden en manos del máximo tribunal, mientras que el resto sea administrado por la fiscalía.

El planteo abre un nuevo eje de discusión no solo dentro del ámbito judicial, sino también en el plano político, ya que la asignación de recursos impacta directamente en la capacidad del sistema de justicia para investigar delitos complejos, incorporar tecnología y brindar un servicio más eficiente a la sociedad.

Op: Juan Llarena