La iniciativa apunta a dejar atrás los controles basados únicamente en la denuncia vecinal y avanzar hacia un sistema con pruebas concretas. Las cámaras permitirán registrar automáticamente las infracciones, generando evidencia que será utilizada en actuaciones ante el Juzgado de Faltas.
El secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, explicó que en una primera etapa se intervendrán diez zonas críticas del departamento, previamente identificadas por su alta concentración de residuos ilegales. “El propósito es erradicar estas situaciones y pasar de la conciencia ciudadana a un control punitivo efectivo”, sostuvo.
El proyecto, que se encuentra en desarrollo, contempla una fuerte inversión en infraestructura tecnológica y busca marcar un cambio en la gestión de la higiene urbana. La implementación de cámaras en sectores conflictivos permitirá detectar y documentar las infracciones de manera precisa.
En cuanto a las sanciones, el esquema es severo. Según la ordenanza 207K del Código de Faltas, los propietarios de terrenos baldíos en mal estado podrán recibir multas de entre 100 y 10.000 unidades tributarias. En tanto, quienes generen microbasurales enfrentarán sanciones de entre 100 y 1.000 unidades tributarias.
Uno de los puntos más críticos es el transporte ilegal de residuos, considerado una falta grave, que puede derivar en multas de hasta 1.500 unidades tributarias, equivalentes a cifras cercanas al millón de pesos.
Con un plazo estimado de implementación de 90 días, el municipio busca reforzar el control sobre los puntos más afectados por la acumulación de basura, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Los comentarios están cerrados.