La investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo tras la intervención del fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien advirtió sobre la posible existencia de un delito más grave que hechos de corrupción.
El funcionario confirmó que la Provincia ya se constituyó como querellante en la causa y trabaja de manera paralela con los fiscales, con el objetivo de resguardar el patrimonio público y determinar responsabilidades.
En ese marco, Dávila se refirió al informe técnico que cuestiona la calidad de las cañerías, aunque pidió cautela: “Es un indicio, un elemento más a tener en cuenta sobre muchos otros que van a surgir en la investigación”, sostuvo.
Sin embargo, planteó una hipótesis que eleva la gravedad del caso. Según explicó, si se comprueba el uso de materiales no aptos para el transporte de agua potable, podría configurarse un delito contra la salud pública. “Atentar contra la salud pública es un delito grave, más aún cuando generalmente concurre con otro tipo de delitos”, advirtió.
El fiscal evitó anticipar responsabilidades y señaló que será clave reconstruir todo el proceso administrativo y técnico de la obra, incluyendo decisiones adoptadas en gestiones anteriores. “No sé hasta qué alcance de autoridades del gobierno anterior pueda llegar”, indicó.
Además, remarcó la complejidad del expediente, que requerirá la intervención de peritos especializados y la comparación de distintos informes técnicos para validar las conclusiones.
En cuanto a la prueba, aseguró que la documentación principal se encuentra resguardada, aunque no descartó la posibilidad de detectar faltantes a medida que avance el análisis.
La causa, que ya acumula un importante volumen de información, avanza con tiempos propios debido a su complejidad. En ese contexto, Dávila reafirmó el rol activo del Estado: “Como querellante vamos a defender el patrimonio de la provincia… no podemos hacer la vista gorda”, concluyó.
Op: Juan Llarena
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