Trece chicos explotados en Florencio Varela

Trece chicos fueron rescatados de un supuesto “hogar” infantil de Florencio Varela llamado Nido de Águila. Los menores vivían en condiciones inhumanas extremas y eran violentados con golpes, sometidos a tareas laborales pesadas -desde albañilería hasta juntar bosta y heces-, sin atención médica y obligados a trabajar, incluso, mientras estaban enfermos.

La Fiscalía Nº8 de Berazategui, liderada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, fue la encargada de investigar la situación de explotación infantil gracias a una denuncia que realizó un adolescente que había estado allí. Las pericias obtuvieron el nombre y apellido de todos los niños violentados en el lugar.

En este hogar, ubicado en la zona de La Capilla se vulneraron todos sus derechos: eran obligados a juntar las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos con carretillas, alimentar a los animales y encargarse de la limpieza de las casas y del mobiliario del lugar, muchas veces sin supervisión adulta adecuada y en condiciones peligrosas para menores.

Entre las tareas, los niños y niñas preparaban cemento, levantaban maderas, piedras y otros elementos pesados, realizaban tareas de albañilería, cortaban el pasto y cañas con machetes para construir cercos. Estas insólitas exigencias se realizaban desde la primera hora hasta la medianoche, bajo la lluvia y a la intemperie.

Los investigadores descubrieron que, en caso de negarse a hacer las tareas demandadas, las víctimas se podían quedar sin alimento y hasta dormir a la intemperie en días de frío extremo y durante las noches. Además los castigaban a golpes con objetos contundentes.

La investigación reveló que los menores se encontraban en condiciones de hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente y falta de higiene. Incluso llegaban a dormir con los perros y no los dejaban descansar ni cuando estaban enfermos (no recibían la atención médica).

Las artimañas explotadoras

El caso también cuenta con los intentos de cobertura de los explotadores, ya que luego de los maltratos, los niños ni siquiera tenían permiso para contactar a los vecinos u otras personas para que no contaran lo que vivían. Por este motivo no asistían a la escuela regularmente, lo que infringe los derechos a la educación y la salud.

Dos funcionarias públicas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento, por lo que también son investigadas. Incluso adelantaron información reservada a las principales imputadas para que tomaran medidas preventivas sobre los pasos de la investigación y reacondicionaran el hogar, previo a un operativo desarrollado el 26 de febrero. De esta forma las responsables del hogar intentaron ocultar las condiciones reales en que vivían los chicos y cuando llegó la policía, el lugar estaba mejor y había solo cuatro niños, que fueron enviados a otro hogar.

En el marco de la causa hubo allanamientos en ese hogar y otros domicilios y oficinas de los funcionarios investigados. La policía secuestró celulares, un disco rígido de 160 GB y documentación. Los operativos fueron realizados por personal del área de Cibercrimen contra las Infancias y delitos conexos a la trata de personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Subcomisario Matías Giménez, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad. Hasta el momento las dos detenidas se negaron a prestar declaraciones a la justicia y sus abogados defensores reclamaron sus excarcelaciones.