La Fiscalía de Delitos Especiales dictaminó el sobreseimiento definitivo del juez de Garantías Roberto Montilla en la causa en la que se lo investigaba por presunta usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Iván Grassi concluyó que las actuaciones del magistrado no encuadran en ningún tipo penal, aunque sí cuestionó su comportamiento desde el punto de vista institucional. El dictamen quedó firme el viernes 13 de marzo y ahora el fiscal solicitará la audiencia de sobreseimiento ante el juez de la causa, Pablo León.
La investigación se originó en abril de 2025 a partir de un informe presentado por la fiscal María Paula Carena, que advertía sobre presuntas irregularidades vinculadas a la intervención de Montilla en la situación de un detenido.
Según consta en el expediente, el magistrado se comunicó en reiteradas oportunidades con la Comisaría 4ª para consultar por la situación de José Benito Martín, un hombre de 84 años que estaba detenido por una presunta estafa. De acuerdo con la pesquisa, Montilla realizó al menos seis llamadas desde su teléfono personal y también se presentó en la dependencia policial.
Durante esas intervenciones, el juez sugirió que el hombre fuera trasladado a una residencia para adultos mayores, aludiendo a su estado de salud y a un vínculo personal con el detenido, a quien llegó a describir como alguien que “era como un tío para él”.
Pese a estas gestiones, la Fiscalía consideró que no existió delito, ya que Montilla no dictó resoluciones, órdenes ni actos formales que implicaran interferir en la causa que estaba bajo la órbita de otro juez. En ese sentido, el dictamen señala que sus intervenciones fueron interpretadas por el personal policial y judicial como consultas o sugerencias, que no modificaron el curso legal del proceso.
El detenido, finalmente, permaneció en la comisaría hasta la audiencia correspondiente, en la que posteriormente fue sobreseído por otra vía legal.
No obstante, el fiscal Grassi fue crítico con la conducta del magistrado y la calificó como “sumamente extraña, inusual y no esperada en el ejercicio de la función judicial”. Por ese motivo, dispuso remitir copia de todas las actuaciones a la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia.
Será ahora el máximo tribunal provincial el que deberá analizar si el comportamiento del juez Montilla vulneró normas del Código de Ética del Poder Judicial y si corresponde aplicar alguna sanción administrativa o disciplinaria.
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