Fiscalía inspeccionó el Acueducto Gran Tulum y avanza con el análisis de posibles irregularidades
El procedimiento incluyó un recorrido por distintos tramos de la obra hídrica para verificar su estado en el terreno. La investigación preliminar se inició tras una denuncia que menciona presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.
La Fiscalía de San Juan realizó una inspección ocular en distintos sectores del Acueducto Gran Tulum en el marco de una investigación preliminar iniciada tras una denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra. El procedimiento se llevó a cabo el martes 10 de marzo y consistió en un recorrido por varios puntos del trazado del sistema hídrico para observar el estado de los trabajos y recabar información que complemente el análisis de la documentación reunida en el expediente judicial.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por un abogado particular que citó publicaciones periodísticas en las que se advertían posibles inconsistencias en la obra pública. Entre los aspectos señalados figura la supuesta desaparición de alrededor de 10 kilómetros de caños que habrían sido instalados en una etapa inicial del proyecto y posteriormente retirados, lo que podría representar un perjuicio económico significativo para el Estado.
De acuerdo con estimaciones difundidas públicamente, esa situación podría implicar una pérdida cercana a los 50 millones de dólares dentro de una obra cuyo financiamiento total ronda los 200 millones. A partir de la presentación judicial, la Fiscalía comenzó a requerir documentación a distintos organismos vinculados al proyecto con el fin de analizar cómo se ejecutaron los trabajos, qué materiales se utilizaron y si existieron irregularidades administrativas o técnicas.
“Se trata de una denuncia de carácter general que menciona posibles irregularidades en la obra sin señalar responsables específicos, por lo que la investigación abarca todos los aspectos relacionados con su ejecución”, explicó el fiscal Sebastián Gómez.
Inspección en el terreno
En ese contexto, fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales realizaron una inspección ocular en distintos tramos del acueducto para observar directamente la magnitud y características de la obra. El recorrido comenzó en el dique Punta Negra, punto de inicio del sistema, y continuó por sectores de la Ruta 12, Marquesado y otras zonas donde se desarrollaron trabajos vinculados al proyecto.
“El martes 10 de marzo realizamos una inspección ocular en el marco de la causa del acueducto, visitando distintos puntos del trazado para observar la obra y recabar información relevante para la investigación”, explicó el fiscal Francisco Pizarro.
Durante el procedimiento participaron distintas áreas de la Policía de San Juan y organismos técnicos que colaboraron con el relevamiento. También asistió personal de Obras Sanitarias y representantes de la unión transitoria de empresas encargada de la ejecución del proyecto, quienes facilitaron el acceso a los sectores inspeccionados.
“El objetivo de esta medida fue complementar la documentación que se encuentra bajo análisis y tomar dimensión en el terreno de las características de la obra que se investiga”, señaló Pizarro.
Estado de la causa
Desde la Fiscalía aclararon que hasta el momento no hay personas imputadas y que el expediente se encuentra en una etapa preliminar centrada en la recopilación y evaluación de pruebas.
“No estamos investigando a una persona en particular, sino todos los aspectos vinculados a la obra y a quienes hayan participado en su ejecución”, indicó Pizarro.
Los fiscales también remarcaron que la inspección ocular no implica conclusiones sobre la existencia de irregularidades, ya que los resultados dependerán del análisis técnico y documental que se realice en los próximos meses.
“No podemos adelantar ninguna conclusión porque la causa está en pleno proceso investigativo. Una vez analizada toda la prueba se evaluará si corresponde formalizar una imputación o desestimar la denuncia”, explicó el fiscal.
En cuanto a los plazos, indicaron que la etapa de investigación previa tiene una duración inicial de 90 días hábiles, que podría prorrogarse por un período similar si las tareas investigativas así lo requieren.
“La investigación continuará con el análisis de la documentación reunida y con otras medidas que se consideren necesarias para determinar si existieron irregularidades o si corresponde archivar la denuncia”, concluyeron.
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