Alejandro Borda advirtió sobre el vacio legal y la falta de transparencia en los fideicomisos públicos

En el marco de unas jornadas jurídicas que se desarrollan en San Juan, destacados especialistas del país llegaron a la provincia para abordar temas de actualidad vinculados al derecho y compartir debates que hoy se discuten en los principales ámbitos académicos.

Las actividades son coorganizadas junto al Consejo de Ciencias Económicas y el Colegio de Escribanos de San Juan, en un esfuerzo institucional por acercar a profesionales y estudiantes locales a juristas de reconocida trayectoria nacional.

Entre los disertantes se encuentran el doctor Alejandro Borda, el doctor Roberto Mugillo, el doctor Marcelo Castro Giovanni —especialista en materia tributaria— y el doctor Ángel Medina, quien visita la provincia desde Córdoba. Se trata de profesionales con una extensa trayectoria académica, autores de libros jurídicos y con participación en ámbitos de arbitraje y docencia universitaria, varios de ellos vinculados a la Universidad de Buenos Aires.

Durante su visita, el doctor Alejandro Borda dialogó sobre una de las figuras jurídicas que abordará durante las jornadas: el contrato de fideicomiso. Según explicó, se trata de una herramienta ampliamente utilizada debido a su flexibilidad.

“El contrato de fideicomiso es muy amplio y tiene mucha maleabilidad, lo que permite adaptarlo a distintas circunstancias”, señaló. En ese sentido, explicó que puede utilizarse para administrar bienes o fondos, proteger intereses de determinadas personas, desarrollar proyectos inmobiliarios o canalizar inversiones financieras.

Sin embargo, el jurista marcó diferencias cuando esta figura se traslada al ámbito estatal. Borda advirtió que en el caso de los fideicomisos públicos existen dificultades jurídicas y problemas de transparencia.

“Muchas veces hay una cierta opacidad en el manejo de esos presupuestos. No se sabe con claridad dónde están los fondos o cómo se administran”, afirmó.

A su entender, parte del problema radica en que el fideicomiso es un contrato originalmente pensado para el sector privado. “Trasladarlo al sector público genera algunos ruidos, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo presupuestario”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que existe un vacío legal cuando se intenta aplicar normas del derecho privado a estructuras utilizadas por el Estado. “El derecho público y el derecho privado tienen puntos de contacto, pero son ámbitos distintos. La presencia del Estado modifica las relaciones contractuales”, indicó.

Como ejemplo, mencionó que el Estado posee determinadas prerrogativas que los particulares no tienen, como la posibilidad de rescindir contratos por razones de interés público, situación que no ocurre en la misma forma en el ámbito privado.

Las jornadas buscan generar un espacio de actualización y debate profesional, acercando a San Juan temas jurídicos de relevancia y análisis que hoy se discuten en los principales centros académicos del país.