Perfila que el juicio contra el intendente de Angaco quedará postergado hasta que se resuelva el pedido de conciliación

El juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, perfila que será postergado, al menos por algunos días. El debate, en el que el jefe comunal debe responder por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, estaba fijado para el lunes a primera hora. Sin embargo, fuentes calificadas de Tribunales indicaron que, casi con seguridad, no podrá iniciarse en esa fecha.

El motivo radica en la presentación realizada por la defensa de Castro, que solicitó la aplicación de un acuerdo de conciliación alcanzado con el Concejo Deliberante de Angaco. En ese convenio, el intendente ofreció una reparación simbólica de 5 millones de pesos por el presunto daño ocasionado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el planteo debe ser analizado por el Ministerio Público Fiscal, que deberá emitir una opinión. Recién después de ese paso, el tribunal de juicio estará en condiciones de dictar una resolución, un proceso que demandará algunos días y que, difícilmente, concluya antes del lunes a las 8.30.

La clave: si la opinión fiscal es vinculante

Uno de los puntos centrales es determinar si la postura de Fiscalía resulta vinculante para el tribunal. Es decir, si los jueces pueden apartarse de la opinión del Ministerio Público en caso de que este no preste conformidad al acuerdo.

Fuentes judiciales explicaron que, al tratarse de una salida alternativa al juicio, el consentimiento fiscal es determinante según el Código Procesal Penal vigente bajo el sistema acusatorio y diversos fallos de la Corte de Justicia. Sin embargo, el caso tiene una particularidad: los hechos investigados se remontan a fines de 2019, cuando el sistema acusatorio aún no estaba plenamente implementado en la provincia.

Esa circunstancia abre el debate jurídico. Algunos entienden que la opinión fiscal no sería vinculante en este expediente puntual. Otros sostienen que, al tratarse de una acción penal pública —y más aún cuando involucra a un funcionario—, la conformidad del Ministerio Público es imprescindible para dejar sin efecto el juicio.

El antecedente citado por la defensa

En su presentación, Castro argumentó que el acuerdo debería prosperar aun siendo funcionario público y citó como antecedente el caso del expresidente Alberto Fernández, quien en 2022 accedió a una conciliación en la denominada causa “Fiesta de Olivos”, previo consentimiento fiscal.

No obstante, en aquel expediente existió conformidad expresa del Ministerio Público, un elemento que podría resultar decisivo en la causa local.

Cómo sigue el trámite

El pedido de conciliación fue presentado el miércoles al mediodía, luego de que el Concejo Deliberante —con una nueva conformación— aprobara una ordenanza que avala el convenio firmado con el intendente. Cabe recordar que fue ese mismo cuerpo, en su integración anterior, el que denunció a Castro a fines de 2019 por el presunto uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado en Chimbas.

El tribunal de juicio, integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), ya corrió vista a Fiscalía. Una vez que el Ministerio Público emita su dictamen, los magistrados deberán resolver.

Si la respuesta es negativa a los intereses del intendente, la resolución no será apelable y el juicio deberá llevarse adelante. En cambio, si el tribunal acepta el acuerdo, Castro evitará enfrentar un proceso por delitos que prevén penas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Op: Juan Llarena