Suman nuevas acusaciones en la causa por los cursos de inglés contratados por Cancillería a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

La investigación judicial sobre la contratación de cursos de inglés por parte de la Cancillería nacional sumó nuevos elementos. Este jueves 19 de febrero, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano, presentaron una ampliación de denuncia en el expediente CFP 631/2026, que analiza el acuerdo celebrado con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

La entidad es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El contrato bajo la lupa corresponde a la provisión de cursos de capacitación en idioma inglés para personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el escrito presentado ante la Justicia, los nuevos hechos surgieron a partir de una investigación periodística difundida por la Agencia Noticias Argentinas y, a criterio de los denunciantes, refuerzan la hipótesis de eventuales delitos vinculados al incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los cuatro nuevos puntos incorporados

El primero de los planteos apunta a un presunto incumplimiento en la publicación completa del expediente administrativo. Los denunciantes sostienen que, si bien el Decreto 202/2017 establece la obligación de difundir estos casos tanto en el sitio de la Oficina Anticorrupción como en el del organismo contratante, el enlace disponible en la web oficial solo exhibía documentación hasta el expediente #0043. No obstante, en el sistema estatal de Gestión Documental Electrónica (GDE) ya figuraban actuaciones posteriores —#0044 y #0045— que no eran visibles al público.

El segundo eje cuestiona la cantidad de agentes alcanzados por el convenio. De acuerdo con la ampliación, durante 2025 habrían participado apenas diez empleados, mientras que para 2026 el cupo previsto asciende a 132. Los denunciantes advirtieron que el costo por alumno podría incrementarse en caso de no completarse la matrícula estimada.

En tercer lugar, se puso en duda el argumento de “especialidad” utilizado para justificar la contratación directa. Según la presentación, la AACI se habría presentado como el único “Centro Platino” habilitado para exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires que dicta cursos preparatorios. Sin embargo, los abogados sostienen que existirían otros centros con estatus “Platinum”, situación que —afirman— debería ser corroborada.

Finalmente, el cuarto punto señala posibles inconsistencias en la publicación del caso dentro del buscador de “Casos informados” de la Oficina Anticorrupción. Según el escrito, el 15 de febrero de 2026 la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 no figuraba en el sistema y habría sido incorporada recién el 18. Por ello, solicitaron una pericia técnica para determinar la fecha exacta de carga.

El encuadre legal

En el plano jurídico, los denunciantes sostuvieron que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 248 del Código Penal —incumplimiento de deberes de funcionario público— y eventualmente en el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, plantearon que las supuestas irregularidades podrían evidenciar algún grado de favoritismo o la existencia de influencias indebidas.

La causa continúa en trámite y será ahora la Justicia la que deberá evaluar los nuevos elementos incorporados al expediente.