Basural en Chimbas: Ambiente labró un acta y analiza aplicar una multa

Luego de la clausura de un basural clandestino en Chimbas y en medio de la conmoción social por el fallecimiento de quien administraba el lugar, la Secretaría de Ambiente de San Juan confirmó que labró un acta de infracción y evalúa la aplicación de una multa.

El subsecretario de Ambiente, Héctor Bustamante, explicó que la actuación provincial se dio tras denuncias de vecinos y aclaró cómo se distribuyen las competencias en materia de residuos entre municipios y Provincia.

Competencia municipal y rol provincial

El funcionario remarcó que la gestión de los residuos sólidos urbanos dentro de cada departamento es responsabilidad primaria de los municipios. En ese sentido, indicó que la Municipalidad de Chimbas tenía conocimiento de la situación.

Bustamante recordó que, a partir del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pegirsu), impulsado durante la gestión de José Luis Gioja, la Provincia asumió la creación de infraestructura para el tratamiento de residuos. Ese esquema permitió la puesta en marcha del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), en Rivadavia, donde actualmente se procesa la mayor parte de los residuos del Gran San Juan.

No obstante, aclaró que los municipios deben garantizar la recolección, traslado y control dentro de su territorio, incluyendo la erradicación de basurales clandestinos.

Inspección y acta por “vertido indebido”

Si bien la competencia primaria es municipal, la Provincia intervino tras las presentaciones realizadas por vecinos ante la cartera ambiental. A partir de esa denuncia, la Subsecretaría de Residuos realizó una inspección y labró un acta de infracción por “vertido indebido”.

En paralelo, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, recibió a los vecinos para abordar la problemática. Finalmente, el municipio procedió a la clausura del predio el viernes pasado.

Posible multa en análisis

Bustamante aclaró que la clausura municipal no detiene el proceso administrativo iniciado por la Provincia. El presunto infractor dispone de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo.

En cuanto a las sanciones, explicó que no se evalúa una nueva clausura, ya que el predio se encuentra cerrado, sino la eventual aplicación de una multa económica. El monto se definirá en unidades tributarias, luego de analizar el descargo y determinar responsabilidades.

“El hecho es evidente, pero corresponde garantizar el derecho de defensa y deslindar responsabilidades”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, remarcó que la gestión ambiental requiere coordinación entre distintos niveles del Estado y que el caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles para evitar nuevos focos de contaminación en el territorio provincial.

Op: Juan Llarena