Castro busca frenar el juicio con un acuerdo económico y cita el caso de Alberto Fernández

A cuatro días del inicio del debate oral y público previsto para el 23 de febrero, el intendente de Angaco, José Castro, solicitó la suspensión del juicio en su contra tras presentar ante la Justicia un acuerdo de conciliación con el Concejo Deliberante de Angaco, organismo que lo denunció a fines de 2019.

El jefe comunal está acusado de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal para trabajos en un predio propio en Chimbas. Como parte del planteo judicial, ofreció una reparación integral de 5 millones de pesos que serían destinados a una entidad de beneficencia del departamento.

La estrategia fue presentada por su nuevo abogado defensor, Marcelo Fernández Valdez, quien asumió recientemente la representación tras la salida del anterior letrado. El escrito fue elevado ante el tribunal de juicio integrado por Víctor Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal y Miguel Dávila Saffe, con el pedido expreso de suspender el debate hasta que se resuelva el planteo.

El acuerdo fue aprobado en una sesión extraordinaria del Concejo con tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Desde la oposición cuestionaron la maniobra. El concejal Andrés Olivera sostuvo que se trató de “un atropello a la comunidad y a las instituciones” y señaló que no tuvo acceso previo al convenio.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el ámbito judicial es que la defensa de Castro invocó como antecedente el caso del expresidente Alberto Fernández, quien en 2022 logró cerrar la denominada causa “Fiesta de Olivos” mediante el pago de una reparación económica de 1,6 millones de pesos. El intendente sostiene que, al haberse aplicado ese criterio en una causa de similares características, también debería ser considerado en su caso.

Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que la causa contra Castro se inició bajo el sistema procesal anterior a la implementación del modelo acusatorio en la provincia, y que la figura de reparación integral no estaría prevista en el Código Penal aplicable al momento de los hechos. Además, remarcaron que el beneficio no suele aplicarse a funcionarios públicos por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.

Castro, por su parte, ha reiterado que es inocente y que la causa responde a una “persecución política”. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de una eventual condena firme, debería dejar la intendencia si aún se encontrara en funciones.

Ahora, la decisión queda en manos del tribunal, que deberá resolver si hace lugar al planteo y suspende el juicio o si el debate comienza, tal como está previsto, el próximo 23 de febrero.