En los próximos días Fiscalía resolverá si formaliza la causa por la mortandad de peces en Cuesta del Viento

A casi tres meses del hallazgo de miles de peces muertos en las costas del dique Cuesta del Viento, la investigación judicial entra en una etapa decisiva. El fiscal de la UFI Norte, Sohar Aballay, confirmó que en los próximos días definirá si formaliza la causa penal o si dispone el archivo del expediente por falta de elementos que acrediten la comisión de un delito ambiental.

El episodio, ocurrido el 3 de noviembre de 2025, generó una fuerte conmoción en San Juan y un clima de preocupación en las comunidades de Iglesia y Jáchal, ante la ausencia de certezas oficiales sobre las causas de la mortandad. Desde entonces, la fiscalía inició una investigación de oficio que actualmente transita la etapa preliminar prevista por la ley.

“Estamos dentro del plazo de investigación previa de 90 días, que vence a mediados de este mes”, explicó Aballay, al precisar que su intención es resolver el caso antes de que se cumpla ese plazo. En ese sentido, adelantó que la definición se conocerá entre esta semana y la próxima, una vez finalizado el análisis integral de las pruebas reunidas.

Durante estos meses, la fiscalía solicitó informes técnicos a distintos organismos, entre ellos la Universidad Nacional de Cuyo, el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica. La documentación busca determinar si la mortandad fue consecuencia de un fenómeno natural, como la falta de oxígeno en el agua, o si existió algún tipo de contaminación que pudiera configurar un delito.

Uno de los datos que generó mayor debate público fue la detección de cloro total en distintos puntos de la cuenca, según análisis realizados por la UNCuyo, un elemento que no debería encontrarse en ríos de origen cordillerano. Estas mediciones contrastan con hipótesis oficiales que atribuyen el episodio a causas naturales, lo que mantiene abiertas las sospechas en sectores de la comunidad.

En relación a los estudios realizados por la Municipalidad de Jáchal, Aballay aclaró que esos análisis responden a la ordenanza de “Agua Segura” y no forman parte directa de la causa judicial. No obstante, indicó que, si el municipio presenta formalmente los resultados de los estudios realizados a fines de noviembre, la fiscalía evaluará su incorporación.

El fiscal fue tajante al descartar una extensión de los plazos. “No es intención mía prorrogar la investigación; trataré de resolverla con los elementos que ya tengo”, sostuvo. La resolución marcará un punto clave: si se formaliza la investigación, el caso avanzará hacia una instancia penal; de lo contrario, el expediente podría cerrarse, aunque quedará abierta la posibilidad de apelaciones ante instancias superiores.

Mientras tanto, la expectativa y la preocupación persisten en la zona norte de la provincia, donde el dique Cuesta del Viento cumple un rol estratégico tanto ambiental como productivo y turístico. La decisión judicial que se conocerá en los próximos días será determinante para esclarecer uno de los episodios ambientales más sensibles de los últimos años en San Juan.

Op: Juan Llarena