A través de su apoderado, el empresario textil y dirigente político Sergio Vallejos contestó la demanda por daños y perjuicios por 60 millones de pesos que le inició el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima. En su defensa, sostuvo que el verdadero objetivo del reclamo judicial es una “represalia vengativa” por haber impulsado la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac a un nuevo mandato como gobernador en las elecciones de 2023.
Según planteó el líder del partido Evolución Liberal, Lima no sufrió un daño moral real, sino que busca castigar su rol en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que terminó inhabilitando a Uñac para competir por lo que hubiera sido, en los hechos, un cuarto mandato. En ese contexto, Vallejos afirmó que “el vínculo de confianza entre Lima y Uñac es indudable e innegable”.
En el escrito presentado por su abogado, José Becerra, se recordó que Lima fue compañero de fórmula de Uñac durante la gestión 2015–2019 y el primero en la línea sucesoria, y que poco tiempo después de finalizar ese mandato asumió como ministro de la Corte de Justicia. Para Vallejos, esos antecedentes explican el trasfondo político del reclamo judicial.
La defensa también subrayó que Lima no reaccionó de la misma manera frente a otras situaciones similares ocurridas en su carrera pública. En ese sentido, mencionó denuncias penales realizadas cuando fue intendente de la Capital y una impugnación a su postulación como ministro de la Corte por presuntas incompatibilidades, frente a las cuales no promovió acciones judiciales. “En tales casos, el Dr. Lima no demandó a los denunciantes ni al impugnante”, se destaca en el escrito.
Incluso, se dejó asentada una frase sugestiva al señalar que “la hoy pretendida aflicción que dice atravesar el actor es el fruto de su mero voluntarismo”, y que la demanda se presenta ahora que Lima integra el Poder Judicial, ámbito en el que se resolverá el conflicto.
La contestación de la demanda fue presentada este lunes por Becerra, quien además, a pedido de Vallejos, recusó sin causa al juez Luis Arancibia, en cuyo juzgado recayó el expediente.
En su defensa, Vallejos también sostuvo que los funcionarios públicos, y especialmente un ministro de la Corte, deben estar sujetos a la crítica y al control ciudadano. En ese marco, negó haber hecho un uso abusivo del instituto del juicio político y ratificó los cuestionamientos formulados contra Lima tanto por su actuación en la causa de la expropiación de la exbodega La Superiora como por no haber renunciado a la titularidad del Registro Notarial Nº22 al asumir como cortista.
El conflicto judicial tiene origen en los dos pedidos de juicio político que Vallejos presentó contra Lima, ambos rechazados y archivados por la Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados. En uno de ellos, se cuestionó el fallo por la expropiación del predio de La Superiora, y en el otro se denunció una supuesta incompatibilidad de funciones.
Finalmente, el abogado Becerra sostuvo que los planteos de Vallejos “son interpretaciones ajustadas a Derecho o, en el peor de los casos, opinables”, pero de ningún modo malintencionadas. En ese sentido, afirmó que “penar y castigar el ejercicio ciudadano del control y la crítica hacia los funcionarios públicos constituye un acto antidemocrático y antirrepublicano”, y remarcó que quienes eligen la función pública deben estar dispuestos a soportar el escrutinio de la sociedad.
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