El Congreso Nacional se prepara para un febrero intenso. Desde el 2 y hasta el 27, el Senado será la puerta de entrada de una batería de proyectos impulsados por el presidente Javier Milei, enmarcados en lo que el oficialismo denomina “reformas de segunda generación”. Entre los temas más sensibles figuran la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil —que propone bajar la edad de imputabilidad— y una aclaratoria a la Ley de Glaciares. En ese escenario, los tres senadores por San Juan quedan bajo la lupa.
El inicio formal de las sesiones extraordinarias será el lunes próximo y los proyectos llegarán primero a la Cámara alta. Con Patricia Bullrich al frente del bloque de La Libertad Avanza y una coordinación aceitada con sectores dialoguistas, el oficialismo confía en avanzar con su agenda. En ese marco, el comportamiento de dos legisladores sanjuaninos aparece prácticamente definido.
Por un lado, el libertario Bruno Olivera se moverá en estricta sintonía con la Casa Rosada. Desde su entorno aseguran que seguirá sin fisuras la línea política que baja Karina Milei, a través del armado provincial que conduce el diputado nacional José Peluc. Su voto será afirmativo en las tres iniciativas promovidas por el Ejecutivo nacional.
En la vereda opuesta se ubica la camporista Celeste Giménez. Fiel a la disciplina interna de Unión por la Patria, votará en contra de los proyectos libertarios, en consonancia con la estrategia que define Cristina Fernández de Kirchner y articula en el Senado Eduardo “Wado” De Pedro. Si bien existen matices dentro del peronismo —como el proyecto alternativo de reforma laboral presentado en Diputados—, la senadora sanjuanina rechazará de plano la baja de la edad de imputabilidad y la modificación vinculada a los glaciares, por su postura garantista y su histórica crítica a la minería a cielo abierto.
El gran interrogante pasa por Sergio Uñac. El exgobernador mantiene una posición cautelosa y evita anticipar su voto. Su historial reciente alimenta las dudas: pese a haber impulsado con fuerza la minería durante sus ocho años al frente de la provincia, votó en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluso en desacuerdo con los diputados nacionales sanjuaninos de su espacio.
Esa ambigüedad vuelve a aparecer ante la aclaratoria de la Ley de Glaciares, que propone devolver a las provincias la facultad de definir qué áreas son glaciares y periglaciares. Desde su despacho aseguran, en estricto off, que Uñac se encuentra en una etapa de “escucha” tanto dentro del bloque como con la CGT, y que los proyectos “están en análisis”. La posibilidad más firme es un rechazo a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil, mientras que en el tema glaciares podría habilitar algún acompañamiento, al menos en artículos puntuales.
No es un dato menor que la redacción de la iniciativa sobre glaciares haya contado con un rol activo de los equipos técnicos del gobernador Marcelo Orrego. Además, existe un antecedente claro: en 2018, Uñac defendió públicamente la necesidad de revisar la ley para dar previsibilidad a las inversiones, sin descuidar la protección ambiental.
En un Senado atravesado por alineamientos firmes y negociaciones finas, San Juan vuelve a quedar en el centro de la escena. Mientras Olivera y Giménez aparecen previsibles, la decisión final de Uñac podría transformarse en una de las claves políticas del debate que se avecina.
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