El Gobierno pretende incluir en sesiones extraordinarias la declaración de emergencia por los incendios

El gobernador de Chubut recalcó que la Patagonia “no es un territorio aislado” y afirmó que el fuego “no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones”. Por ese motivo pidió “a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”.

Los proyectos que se discutirán en sesiones extraordinarias

El período extraordinario se llevará a cabo entre el 2 y el 27 de febrero. Durante ese lapso, el proyecto de modernización laboral que tratará el Senado concentrará todas las miradas. Sin embargo, recientemente se confirmó que se tratará la modificación del Régimen Penal Juvenil. También se discutirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Asimismo, el Gobierno estudia incluir un proyecto sobre el Consejo de Paz, la iniciativa global impulsada por Donald Trump.

En ese marco, el objetivo primordial de la Casa Rosada es lograr la media sanción de la reforma laboral, para lo cual necesitará del apoyo de los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizó los contactos con las provincias en las últimas semanas para atender los reclamos y acercar posiciones. Pero nada está asegurado.

Por ese motivo, el oficialismo aspira a garantizarse el apoyo en un juego de toma y daca que podría incluir la ley de Emergencia Ígnea reclamada a viva voz por los mandatarios patagónicos, la cual permitiría agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

De todas maneras, el apoyo de las provincias al proyecto laboral aún es incierto. En las gobernaciones cuestionan el artículo 191 que modifica el régimen del impuesto a las Ganancias, hecho que provocaría una caída en la coparticipación federal. Entre los cambios figura la baja en las tasas del impuesto a las sociedades: el tramo del 30% al 27% y el tramo del 35% al 31,5%. Se estima que provocaría un perjuicio a las arcas distritales superior a los $1.700.000 millones este año.