Fiscalía de Estado apeló la cautelar por el traslado de empleados y puso en duda el fallo judicial

La Fiscalía de Estado apeló la medida cautelar que dejó sin efecto el traslado de ocho trabajadores estatales a nuevos destinos laborales y encendió un fuerte cruce con el Poder Judicial. El titular del organismo, Sebastián Dávila, fue crítico del fallo dictado durante la feria judicial por la jueza civil Amanda Días y sostuvo que la resolución “carece de fundamentos” y presenta aspectos “llamativos” en su tramitación.

La cautelar había sido concedida a partir de un amparo presentado por el abogado Roberto Correa Esbry, quien patrocina a un grupo de empleados que impulsan la conformación del Sindicato de Trabajadores Estatales (SITE) y que vienen realizando reclamos y protestas dentro del Centro Cívico. Entre ellos se encuentra Sonia Espejo, referente gremial con antecedentes en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según explicó Dávila, si bien la causa se radicó originalmente en el Quinto Juzgado Civil, a cargo de Pablo Farina, fue la jueza Días quien, durante la feria judicial, resolvió hacer lugar a las cautelares solicitadas. La decisión ordenó, entre otras medidas, la restitución provisoria de adicionales salariales, la suspensión de sumarios administrativos, el cese del bloqueo del sistema de control de asistencia y la prohibición de nuevos descuentos o sanciones hasta que se dicte sentencia definitiva.

“El fallo es extremadamente escueto. Toda resolución judicial debe estar debidamente fundada, con mención de normas y argumentos jurídicos, y en este caso estamos hablando de una resolución de menos de una carilla”, cuestionó el fiscal de Estado. Además, sostuvo que no se cumplían los requisitos básicos para otorgar una cautelar, como la inexistencia de otra vía idónea, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

En ese sentido, Dávila remarcó que los trabajadores contaban con instancias administrativas previas para canalizar sus reclamos y que no agotaron esos mecanismos antes de acudir a la Justicia. “Esto no lo digo yo: lo dice la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Fue un aspecto que, a nuestro entender, se pasó por alto”, afirmó.

Respecto al supuesto perjuicio salarial, el funcionario explicó que los descuentos cuestionados respondieron al incumplimiento de requisitos establecidos para el cobro de adicionales por productividad y que, en ningún caso, se afectó la totalidad del salario de los empleados. “No hubo peligro en la demora porque el sueldo se mantuvo intangible”, aseguró.

También defendió los traslados dispuestos por la administración provincial, al señalar que se realizaron respetando la categoría, el salario y los derechos laborales, y que se basaron en criterios de idoneidad y experiencia del personal. En cuanto a los sumarios administrativos, advirtió que la cautelar “excede el sano procedimiento”, ya que impide al Estado investigar conductas ocurridas en el ámbito laboral.

Finalmente, Dávila evitó atribuir intencionalidad política a la actuación de la magistrada, aunque admitió que la celeridad del fallo y la demora posterior en dar trámite a la apelación resultan “sospechosas” y “llamativas”. La definición del conflicto quedó ahora en manos de la Sala de Apelaciones de la Cámara Civil, que deberá expedirse durante la feria judicial.