Una diputada de La Libertad Avanza busca trasparentar los fondos de las universidades nacionales

La propuesta de la diputada de La Libertad Avanza por Mendoza Mercedes Llano busca modificar la Ley de Educación Superior para incorporar principios y obligaciones de transparencia activa, acceso público a la información y rendición de cuentas en el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre su articulado la norma establece que las universidades nacionales deberán garantizar la transparencia activa y proactiva de su gestión, mediante la publicación permanente, completa y accesible de la información institucional, académica, presupuestaria y administrativa. Ello deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Dicha información deberá encontrarse disponible en los sitios oficiales de cada institución, en formatos abiertos y reutilizables, asegurando su actualización periódica.

El oficialismo con esta iniciativa insiste en que se transparenten la estructura organizativa, la cantidad de personas clasificadas por escalafón, el perfil del equipo directivo de la universidad, tanto a nivel académico como administrativo y conocer los actos administrativos de designación de autoridades hasta el tercer nivel jerárquico, mediante acta del Consejo Superior o equivalente.

También la nómina de autoridades superiores, personal docente, no docente y contratados, detallando, de forma individualizada, sus respectivas remuneraciones brutas, y netas, asignaciones, incentivos y/o remuneraciones especiales, funciones, institución donde prestan servicios, nivel académico, forma de ingreso —por concurso, designación directa o contratación—. Toda esta información deberá estar actualizada en un plazo menor a 90 días.

Las autoridades, al menos hasta el tercer nivel jerárquico, deberán presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, en cumplimiento de la Ley de Ética Pública. Se deberán publicar de manera online las vacantes de empleo, convocatorias y sus resultados.

La diputada libertaria planteó en sus fundamentos que, “la educación superior pública constituye un servicio estratégico de interés público, sostenido mayoritariamente con recursos estatales y organizado bajo los principios de autonomía institucional y autarquía económico-financiera reconocidos por la normativa vigente. Dichas prerrogativas resultan esenciales para el desarrollo de las funciones académicas, científicas y de extensión propias de las universidades nacionales. Sin embargo, su ejercicio debe realizarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información y control ciudadano”.

En lo referido a la información económica y financiera de las universidades, la diputada Llano busca que se informe el presupuesto anual aprobado correspondiente al ejercicio vigente y a los ejercicios anteriores, incluyendo el crédito inicial, las modificaciones presupuestarias y el crédito vigente, así como el estado de ejecución presupuestaria de los gastos y recursos, con desagregación por jurisdicción interna, programa, actividad y objeto del gasto.

Lo mismo para conocer cada transferencia, compras y contrataciones de la entidad académica. Se establece la obligatoriedad de conocer los convenios de colaboración que la universidad haya firmado, con información de contraparte, monto y objeto del convenio.

El debate por el Financiamiento Universitario

El Congreso durante el 2025 tuvo en varias oportunidades el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue observado por completo por el Poder Ejecutivo nacional. Pese a esa determinación, el Poder Legislativo insistió y rechazó el veto del Presidente Javier Milei. La iniciativa, elaborada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y presentada por los diputados nacionales de la oposición, tuvo por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”.

La sanción del Congreso en su artículo octavo establece: “La Auditoría General de la Nación realizará las auditorías correspondientes conforme con los términos del artículo 59 bis de la Ley N° 24.521 (Educación Superior) y remitirá de manera inmediata al Congreso los informes producidos, las observaciones formuladas y el plan de seguimiento y control de dichas observacion

Rol de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene entre sus roles la relación entre control público externo y las universidades vinculado desde dos aspectos: uno de cooperación en el marco del convenio suscripto entre la AGN y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que tiene proyectado en el corto plazo como producto principal un portal de información universitaria cuyo objetivo es fortalecer la transparencia de los datos emitidos por las instituciones de educación superior.

Por otro lado, está la potestad de la AGN de auditar a las universidades nacionales tal como lo establece la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la de Administración Financiera y Sistemas de Control del sector público nacional.

En su artículo 85 la Constitución Nacional establece que: El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.

La AGN es presidida por el peronista Juan Manuel Olmos, en su rol de referente de la mayor fuerza política de la oposición, y en su directorio están representadas ambas cámaras legislativas. Tres diputados y tres senadores. El pasado 18 de diciembre y tras un acuerdo entre La Liberad Avanza y Unión por la Patria, la Cámara baja eligió a sus candidatos: Mónica Almada por los libertarios, Juan Ignacio Forlón de UxP y Pamela Calletti de Innovación Federal.

Resta aún definir a los tres representantes del Senado nacional.