Ley de Glaciares: habilitan el debate en el Congreso y San Juan vuelve al centro de la escena

El Gobierno nacional habilitó el debate legislativo para la adecuación de la Ley de Glaciares, que será tratada en el Congreso entre el 2 y el 27 de febrero. La decisión reactivó una discusión que ya había comenzado a fines de 2025 en el Senado y que vuelve a ubicar a San Juan en un rol protagónico dentro del escenario político y productivo.

La iniciativa busca introducir precisiones en el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una norma que desde hace años genera controversias entre el sector minero, ambientalistas y especialistas técnicos. En su primera etapa legislativa, el proyecto logró dictamen favorable en comisión, tras exposiciones con posturas contrapuestas.

Desde la Mesa del Cobre, espacio impulsado por el gobernador Marcelo Orrego e integrado por provincias mineras, sostienen que la propuesta no apunta a debilitar la protección ambiental, sino a ordenar definiciones que hoy generan conflictos administrativos y judiciales, especialmente en zonas cordilleranas.

San Juan concentra la mayor cantidad de proyectos cupríferos avanzados del país, muchos de ellos ubicados en áreas donde la interpretación del concepto de ambiente periglaciar se convirtió en un obstáculo para el desarrollo. Desde el sector productivo coinciden en que la protección de glaciares y reservas hídricas no está en discusión, pero reclaman criterios técnicos más precisos para evitar restricciones generalizadas.

La semana pasada, Orrego volvió a referirse al tema y expresó su expectativa de que el debate avance en febrero. “Es una ley muy importante para los sanjuaninos”, afirmó, y aclaró que el proyecto “no cambia el objeto de la ley, sino que lo aclara”. Además, remarcó que la iniciativa reconoce lo establecido por la Constitución Nacional respecto al dominio provincial de los recursos naturales.

El tratamiento genera expectativas en las provincias cordilleranas y en la industria minera, que advierten que una definición más clara podría reducir la judicialización y mejorar la previsibilidad para inversiones estratégicas. Para San Juan, el debate no solo tiene impacto ambiental y económico, sino que también refuerza su peso político dentro del mapa minero nacional.

POR LIC. EUGENIA VILA