Fin de la Ley de Alquileres: quiénes sentirán el mayor impacto desde enero en San Juan

La entrada en vigencia de los cambios en el régimen de alquileres a partir del 1 de enero de 2026 genera preocupación e incertidumbre entre los inquilinos sanjuaninos. La principal dificultad, según advierten desde el sector, es la falta de datos concretos que permitan dimensionar cuántas personas quedarán alcanzadas por la caída definitiva de la Ley de Alquileres.

Así lo expresó Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, quien explicó que la diversidad de situaciones contractuales hace imposible calcular con precisión el impacto real de las modificaciones. “Hay que ver cuánta gente firmó contratos el año pasado o cuántos lo hicieron este año. No es posible tener un número cierto de personas afectadas por este cambio en la provincia”, sostuvo.

El dirigente detalló que, a partir de enero, convivirán distintos esquemas de actualización según la fecha de firma del contrato. Los acuerdos celebrados antes del 17 de octubre de 2023 mantendrán un solo aumento anual determinado por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. En tanto, los contratos firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023 continuarán bajo la ley 27.737, con actualizaciones semestrales mediante el coeficiente Casa Propia.

En cambio, los contratos celebrados desde el 30 de diciembre de 2023 deberán ajustarse con aumentos trimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos incrementos comenzaron a regir el 1 de octubre de 2025 y, al momento de aplicarse el primer ajuste en enero, todavía no estará disponible el índice de inflación correspondiente a diciembre, lo que suma un factor adicional de incertidumbre.

Respecto a los valores actuales, Bazán indicó que una familia tipo que busca alquilar en San Juan enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda adecuada. En la mayoría de los casos, explicó, se ven obligadas a mudarse a zonas más alejadas del centro para encontrar precios más bajos. Los valores parten, en promedio, desde los 500 mil pesos mensuales, principalmente para casas, ya que los departamentos no suelen ser una alternativa viable para grupos familiares sin caer en situaciones de hacinamiento.

Esta situación, señaló, se profundizó en el último tiempo, con familias que priorizan el precio por sobre la calidad habitacional. A ello se suma el caso de los jubilados, quienes destinan cerca del 40% de sus ingresos al alquiler y luego deben afrontar gastos en medicamentos y otros consumos esenciales.

Otra consecuencia directa del encarecimiento de los alquileres es el retroceso en los procesos de independencia. Según Bazán, muchos jóvenes que habían logrado alquilar por su cuenta debieron regresar a la vivienda familiar ante la imposibilidad de sostener los costos. Para quienes no cuentan con casa propia, las alternativas se reducen a compartir vivienda, volver al hogar de origen o mudarse a zonas más alejadas.

En cuanto a la demanda, Rawson y Chimbas aparecen como los departamentos más buscados por ofrecer valores relativamente más accesibles. También se registran consultas en sectores de Rivadavia, Santa Lucía, Albardón y Pocito. No obstante, el referente de los inquilinos advirtió que esta elección debe analizarse junto al fuerte aumento del transporte público, un gasto que hoy impacta cada vez más en el presupuesto mensual de las familias.