De Sur Finanzas a la mansión en Pilar: las causas que cercan a Tapia, Toviggino y la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. En las últimas horas, la jueza María Servini ordenó nuevos allanamientos en el marco del expediente que investiga a la financiera Sur Finanzas, profundizando una serie de causas que involucran al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su hombre de máxima confianza, el tesorero Pablo Toviggino.

Toviggino está imputado en distintas investigaciones por presuntos delitos financieros, entre ellos lavado de activos, retención indebida de aportes previsionales y vínculos sospechosos con estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar patrimonio. Estas causas derivaron en allanamientos masivos, secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y medidas patrimoniales sobre bienes de alto valor.

Uno de los focos centrales de la pesquisa apunta a una imponente mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, de más de 105 mil metros cuadrados, con haras, helipuerto, canchas deportivas y un garaje con decenas de autos de lujo. La propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano —exdirigente de futsal y vinculado a Almirante Brown— y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Sin embargo, la Justicia sospecha que ambos podrían actuar como testaferros de Toviggino, dado que sus ingresos no se condicen con el valor del inmueble.

Durante los allanamientos realizados en el lugar, los investigadores hallaron elementos que reforzaron las sospechas: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —presidido por un hijo de Tapia— dedicada a Toviggino, y cédulas azules de vehículos a nombre de familiares del tesorero. A raíz de estos indicios, el juez penal económico Marcelo Aguinsky ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Toviggino, su entorno familiar y empresas relacionadas, muchas radicadas en Santiago del Estero. Pantano y Conte debían declarar recientemente, pero solicitaron el pase de la causa al fuero federal de Campana, lo que postergó las audiencias.

En paralelo, en el fuero federal de Lomas de Zamora, bajo la órbita del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, avanza una investigación por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa vinculada a Ariel Vallejo, señalado como cercano a Tapia. La financiera patrocinó clubes y torneos del fútbol argentino, pero quedó bajo sospecha por maniobras irregulares. En ese expediente se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y al menos 18 clubes, con el secuestro de computadoras, celulares y documentación clave.

En esta causa, la Justicia procesó con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y a dos empleados por encubrimiento. Uno de los elementos centrales fue el hallazgo de una CPU negra en el baúl de la camioneta que conducía Sánchez al momento del operativo. Según la investigación, el equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado de un galpón en Turdera cuando intervino la policía. En el mismo vehículo se encontraron copias del acta de la asamblea general de accionistas de la empresa y varios teléfonos celulares ocultos, lo que reforzó la sospecha de un intento de ocultar pruebas. El procedimiento se desencadenó tras una consigna policial ordenada por Armella, luego de detectar movimientos inusuales de vehículos en el depósito.

En las últimas horas, por orden de la jueza Servini, la Policía Federal Argentina allanó la vivienda de la madre de Vallejos en Banfield, en el marco de una investigación por supuesto fraude vinculado a la compra de dólares oficiales sin justificación, una maniobra conocida como “rulo” cambiario.

A este complejo escenario se suma otra causa de alto impacto. El fiscal Claudio Navas Rial imputó a Tapia —en su rol de presidente y administrador de la clave fiscal—, a Toviggino, a Cristian Malaspina y a Gustavo Lorenzo por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 no se habrían depositado retenciones de IVA, Ganancias y aportes jubilatorios por más de 19.000 millones de pesos.

Según establece la normativa vigente, esos fondos deben ser ingresados dentro de los 30 días, y su omisión configura delito penal. En este marco, el juez Diego Amarante ya solicitó medidas de prueba, entre ellas los estados contables de la AFA.

Mientras las investigaciones avanzan en distintos fueros, el entramado judicial que rodea a la conducción del fútbol argentino continúa sumando capítulos, con derivaciones que podrían tener un fuerte impacto institucional y político en la AFA.