Avanza la causa por el Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía de Estado podría sumarse como querellante

La investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum dio un paso significativo en las últimas horas. Luego de la denuncia presentada por el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, avanzó con una medida clave: solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de que evalúe constituirse como parte querellante en la causa.

La decisión se tomó en el marco de la instrucción preliminar que impulsa el Ministerio Público, luego de que la denuncia apuntara a posibles hechos de corrupción en la contratación y ejecución de la obra, y revelara una presunta vinculación con Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.

Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal remitió un oficio a la Fiscalía de Estado para que determine si el presunto perjuicio económico afecta al erario provincial y, en consecuencia, si corresponde su participación activa en el proceso. De confirmarse esa situación, el organismo podría impulsar medidas de prueba y actuar como querellante durante la investigación.

Consultado por este medio, el fiscal de Estado Sebastián Dávila adelantó que, en caso de verificarse una posible afectación al patrimonio provincial, el organismo a su cargo se presentará formalmente en la causa. La respuesta oficial al oficio se espera en los próximos días.

Avanza la investigación preliminar

La causa se encuentra actualmente en etapa preliminar, con un plazo de hasta 90 días para la recolección de pruebas, aunque ese período podría extenderse si el fiscal lo considera necesario. En ese marco, Gómez conformó un equipo especial debido a la complejidad del expediente y ya solicitó información a distintos organismos públicos.

Entre ellos figuran OSSE, la Cámara de Diputados y dependencias del Estado provincial que habrían intervenido en la licitación y ejecución de la obra. La intención es reunir documentación técnica, administrativa y contractual que permita determinar si existieron irregularidades.

De acuerdo a fuentes judiciales, se analizarán licitaciones, certificaciones de obra, contratos, compras de materiales y el financiamiento del proyecto, que incluyó un endeudamiento internacional por 100 millones de dólares con Kuwait, cuyo repago ya habría comenzado, según lo informado oportunamente por el ministro Roberto Gutiérrez.

La denuncia y los posibles delitos

La presentación judicial fue realizada por Marcelo Arancibia, dirigente del GEN San Juan, quien tomó conocimiento del caso a partir de publicaciones periodísticas y decidió denunciar en su carácter de ciudadano. En su escrito mencionó la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, cohecho y una eventual asociación ilícita administrativa.

En una de las primeras medidas, el fiscal solicitó al denunciante que precisara los posibles responsables del delito de enriquecimiento ilícito y los bienes involucrados. Sin embargo, Arancibia respondió que ese punto no formaba parte concreta de la denuncia, sino que había sido mencionado a modo de advertencia, con el objetivo de interrumpir eventuales plazos de prescripción.

Según explicó, el 10 de diciembre pasado se cumplía el plazo legal para investigar posibles delitos cometidos por funcionarios que ejercieron cargos hasta el 10 de diciembre de 2023.

Una causa en etapa clave

Mientras avanza la recolección de pruebas, la causa sigue bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para formalizar una imputación. La eventual participación de la Fiscalía de Estado marcaría un punto de inflexión en el expediente, al confirmar que el presunto daño alcanzaría al patrimonio provincial.

Por ahora, la investigación continúa en reserva, pero el caso ya se posiciona como uno de los más sensibles en materia de obra pública de los últimos años en San Juan.