Megaestafa inmobiliaria: uno de los acusados logró una prórroga para cumplir con la reparación a las víctimas

La causa por la megaestafa vinculada a la venta irregular de lotes en San Juan sumó un nuevo capítulo judicial. Este jueves, el empresario Juan Mauricio Gallerano La Hoz obtuvo una prórroga de 120 días para continuar con el proceso de reparación del daño ocasionado a cientos de familias damnificadas.

La decisión fue adoptada por el juez Gerardo Fernández Caussi, luego de que la defensa del imputado solicitara más tiempo para avanzar con las obras de urbanización y los compromisos asumidos en el marco del acuerdo judicial. El pedido incluyó una extensión ordinaria y otra extraordinaria, que fueron concedidas en conjunto.

Gallerano, socio del principal imputado Héctor Andrés Storniolo, está acusado de participar en emprendimientos inmobiliarios que habrían sido comercializados sin las habilitaciones correspondientes. Tras su detención inicial en el penal de Chimbas, el empresario accedió a un acuerdo de reparación que podría derivar en la extinción de la acción penal, siempre que cumpla con lo pactado.

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Gallastegui y la fiscal ayudante Milena Berbari avalaron el pedido al considerar que el imputado presentó informes bimestrales y mostró avances, aunque parciales, en las obligaciones asumidas. La querella también acompañó la solicitud.

El magistrado resolvió otorgar el plazo completo de una sola vez, con el objetivo de evitar nuevas instancias judiciales y facilitar el seguimiento administrativo del caso.

Avances, trabas y compromisos pendientes

El acuerdo contempla la urbanización de los barrios Vistas del Sur I, Vistas del Sur II (Pocito) y Acacias Blancas (Rivadavia). Entre las tareas exigidas figuran la instalación de servicios básicos, el enripiado de calles y la regularización dominial de los terrenos.

No obstante, el proceso enfrenta serias dificultades. En el caso de Vistas del Sur I, la empresa debe afrontar el pago de un canon cercano a los 150 millones de pesos exigido por OSSE para la colocación de una bomba de agua que permita garantizar el servicio. Además, solo dos de las cinco etapas técnicas necesarias han sido completadas.

En Acacias Blancas, las obras se vieron demoradas por errores en el plano de mensura, lo que obligó a rehacer trámites y postergó las pruebas hidráulicas y eléctricas.

A esto se suma la obligación de reubicar o compensar a las personas afectadas por ventas duplicadas, una de las irregularidades más graves detectadas en la investigación.

Una causa de gran escala

La causa judicial involucra más de 600 denuncias y un perjuicio económico estimado en 2.700 millones de pesos. Hasta el momento, hay diez imputados, entre ellos empresarios, familiares y colaboradores vinculados a distintas firmas inmobiliarias.

Según el expediente, los acusados operaban a través de sociedades como Casa Noble SRL, El Nido SRL, Tramonto SA, Índigo SA, Torum SA, Portalba SA, Masca SAS y Fiesole SA, responsables de la comercialización de al menos 19 barrios que nunca fueron entregados en condiciones legales.

La continuidad del beneficio judicial otorgado a Gallerano dependerá exclusivamente del cumplimiento efectivo del acuerdo. En caso contrario, la causa penal se reactivará con cargos por estafa reiterada.