Valle Fértil denuncia maniobras ilegales en el cielo y exige al Gobierno que haga cumplir la ley

Vecinas y vecinos autoconvocados de Valle Fértil, junto al intendente Mario Riveros, realizaron una conferencia de prensa en la ciudad de San Juan para expresar su alarma ante lo que consideran el uso ilegal de tecnologías de modificación climática sobre el departamento. El reclamo apunta directamente al Gobierno provincial y exige el cumplimiento efectivo de la Ley 2648-L, sancionada en 2024, que prohíbe este tipo de prácticas.

Según manifestaron, se trata de una problemática que lleva más de una década sin respuestas claras. En ese marco, reclamaron investigaciones urgentes por parte de la Secretaría de Ambiente y la adopción de medidas preventivas para resguardar el ciclo hidrológico y el acceso al agua de la población.

Durante la conferencia, de la que participaron unas 30 personas que viajaron especialmente desde Valle Fértil, tomaron la palabra representantes de distintos sectores productivos, educativos y comunitarios, quienes coincidieron en señalar un impacto directo sobre la actividad agrícola, la ganadería y el equilibrio ambiental del departamento.

El intendente Riveros sostuvo que las denuncias están respaldadas por registros fotográficos y fílmicos presentados en distintas instancias administrativas. “Las avionetas rompetormentas y los aviones con estelas persistentes son visibles de manera cotidiana, y observamos cómo las tormentas se disipan antes de descargar. El Valle se está secando”, afirmó.

Desde el sector agrícola, Daniel Sánchez expuso datos que reflejan el retroceso productivo: de 800 hectáreas empadronadas bajo riego en la década del ’70, hoy apenas quedarían unas pocas en funcionamiento. En la misma línea, Javier Vega describió una fuerte caída del stock ganadero, que se redujo a casi la mitad en el último año, obligando a muchos productores a vender su hacienda en condiciones desfavorables.

El eje del planteo es la Ley provincial 2648-L, que suspendió por 30 meses cualquier tecnología destinada a alterar el ciclo hidrológico. Para la comunidad vallista, la norma no está siendo aplicada con el rigor necesario. Además, exigieron que se esclarezca qué sustancias podrían estar siendo liberadas en la atmósfera y cuáles serían sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

Matías Sánchez, ingeniero agrónomo y docente, advirtió que el conflicto no solo es productivo sino también social y sanitario. “Se está vulnerando el derecho al agua de toda una población y existe el riesgo de contaminación ambiental. Por eso exigimos estudios independientes de aire, suelo y agua”, remarcó.

Uno de los momentos más sensibles del encuentro fue el testimonio de Juana Burgoa, representante de la comunidad indígena Diaguita, quien pidió una intervención inmediata del Estado. “Está en juego la vida de nuestro pueblo y de las generaciones que vienen. Necesitamos que nos escuchen y que se respete a la naturaleza”, expresó.

Desde la organización del reclamo señalaron que realizaron presentaciones ante organismos provinciales y nacionales, como la Defensoría del Pueblo, la ANAC y la EANA, además de un expediente formal ingresado este mes ante la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, denunciaron que hasta el momento las respuestas han sido parciales o inexistentes.

Ante este escenario, adelantaron que avanzarán con nuevas acciones institucionales, entre ellas un pedido al Ministerio de Defensa de la Nación y la solicitud de una pericia ambiental integral que permita determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley vigente.