El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances financieros

El Gobierno nacional anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar explicaciones sobre sus balances contables y financieros. La medida será instrumentada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta a que ambas entidades presenten documentación que respalde gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.

Según informó el Ejecutivo mediante un comunicado oficial, el requerimiento alcanza a las cifras consignadas en los estados contables y a las observaciones realizadas por el organismo de control. En ese marco, se exigirá que las instituciones respondan todas las consultas formuladas, en línea con lo que se solicita a “todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.

En el caso de la AFA, la IGJ pondrá especial foco en la presentación de documentos vinculados a gastos e inversiones relacionados con actividades que no estarían incluidas en sus estatutos sociales. Desde el Gobierno recordaron que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que debe ajustarse estrictamente a su objeto social.

“El compromiso es con la igualdad ante la ley. Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios”, señalaron desde el Ministerio de Justicia. Además, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.

Esta decisión se inscribe en una nueva escalada de tensión entre el Gobierno y las autoridades del fútbol argentino. El último lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra dirigentes de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo.

En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un presunto entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la denuncia, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmebol.

Todo el episodio se da en el marco de una causa judicial que lleva adelante el juez del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, quien investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas —Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte— señaladas como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.