Fernández: “La falta de claridad legal hacía imposible avanzar con proyectos estratégicos”

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, afirmó que la indefinición en la aplicación de la Ley de Glaciares fue durante años uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos productivos de gran escala en la provincia. En ese marco, defendió el impulso de una ley aclaratoria que será debatida en el Congreso y que, según sostuvo, permitirá compatibilizar el cuidado del ambiente con la generación de inversiones y empleo.

En declaraciones a Radio Amanecer, el funcionario remarcó que la actual gestión provincial, encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, logró avanzar en una discusión que permanecía estancada desde hace más de una década. “La falta de claridad legal hacía imposible avanzar con proyectos estratégicos”, aseguró Fernández, al referirse a emprendimientos mineros como Pachón, Azules y Vicuña.

El ministro explicó que uno de los problemas centrales fue la interpretación extensiva de la norma, que terminó funcionando como una prohibición generalizada sobre el ambiente periglacial. Frente a ese escenario, indicó que San Juan promovió una lectura técnica y jurídica acorde al espíritu original de la ley, centrada en la protección de aquellas geoformas con relevancia hídrica comprobada.

Según Fernández, el enfoque adoptado por el Gobierno provincial evitó la confrontación con la Ley de Glaciares y permitió avanzar hacia una instancia de consenso político. “No se trató de ir contra la ley, sino de interpretarla correctamente”, señaló, y contrastó el resultado con gestiones anteriores que, pese a tener sintonía política con el Gobierno nacional, no lograron destrabar el debate.

Otro de los ejes destacados por el funcionario fue la necesidad de actualizar el inventario de glaciares. Indicó que el registro vigente se encuentra incompleto y carece, en muchos casos, de estudios científicos que permitan determinar con precisión la importancia hídrica de las geoformas incluidas. Con la propuesta aclaratoria, las provincias podrán participar activamente en ese proceso, ya sea a través de investigaciones propias o mediante evaluaciones de impacto ambiental.

En ese sentido, Fernández subrayó que San Juan cuenta con capacidad científica instalada en universidades e institutos locales, lo que le permitiría aportar información técnica sólida al inventario nacional y fortalecer el carácter federal de la norma.

Finalmente, el ministro aseguró que la iniciativa no implica un retroceso en materia ambiental, sino la generación de seguridad jurídica para promover el desarrollo productivo. “El objetivo es cuidar los recursos naturales, pero también dar previsibilidad para invertir, producir y generar empleo”, concluyó, al destacar que el avance logrado por la gestión de Orrego marca un punto de inflexión en una discusión histórica para la provincia.