Denuncian a Patricia Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero..
En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia patrimonial y fiscal.
“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, advierte la denuncia.
Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”.
Además, la denuncia remarca que el grupo tendría presencia internacional, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que incrementa la complejidad del esquema y obliga a analizar posibles transferencias transfronterizas de fondos.
En uno de los párrafos del escrito, el abogado sostiene que “no existiría información pública clara ni verificable respecto del origen de los fondos iniciales utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales gastronómicos”.
Advierte el abogado que la actividad comercial podría haber sido utilizada como “pantalla o mecanismo de legitimación” de capitales de origen ilícito.
El rol de Bullrich
Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”, pero subraya que su posición institucional “exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal”.
El letrado enfatiza en un “elemento de singular relevancia institucional: la existencia de vínculos directos y familiares con una funcionaria de altísimas esferas del poder político, circunstancia que, sin implicar por sí sola reproche penal alguno, exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido, utilización de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas de significativa envergadura”.
Medidas de prueba solicitadas por el abogado
Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió allanamientos, el secuestro de documentación societaria y contable, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a organismos fiscales, además de requerir que los denunciados sean citados a declaración indagatoria.
La causa quedó por sorteo en manos del juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, que deberán evaluar la apertura formal de la investigación.
Fuente: ÀMBITO
Por: G. Herrera
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