Reforma tributaria: a la “Inocencia Fiscal”, el Gobierno agregó bajas contributivas y simplificación de Ganancias
Las propuestas se incluirían dentro de proyectos más ambiciosos en las extraordinarias. El Gobierno apunta contra provincias y municipios, que reaccionan con ambivalencia en sus distritos.
El “Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral” establece condiciones para determinar la reducción a la mitad (de 10 a 5 años) del período en que prescriben las deudas por aportes previsionales, de seguros y de obras sociales. En este último caso, legisla sobre el artículo 24 de la Ley N°23.660 que el mismo Javier Milei, a través del icónico DNU 70/2023, modificó a diez días de su asunción. A esto se sumaría la institucionalización del sistema simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias
Nación retoma confrontación fiscal contra provincias y municipios
El anuncio del paquete de medidas impositivas ocurrió horas después de que Luis Caputo presente una reducción de las alícuotas a las retenciones agrícolas, proyectado una baja paulatina -aunque no planteada legislativamente, sino por la interpretación fiscal que hace el Ejecutivo- hasta llegar a su eliminación definitiva. La medida, que fue acompañada por la promesa oficialista de la supresión del impuesto al cheque, ocurre un día después de que el ministro critique una gestión municipal por el aumento de tasas y haga un concreto llamado: “Compren en otro lado”.
La baja de retenciones y la reducción de cargas laborales sí provocó una primera reacción opositora, al menos en el plano de redes sociales. “Implican, en conjunto, un costo fiscal aproximado de u$s4.031 millones […] Para tomar dimensión: el presupuesto 2026 del Ministerio de Salud asciende a $3.101.450 millones, que al tipo de cambio mayorista actual ($1.451,5) equivale a u$s2.136,7 millones. Es decir, solo este costo fiscal es prácticamente el doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación”, analizó Julia Strada, una de las referencias económicas de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados.
En consonancia, un informe del 30 de noviembre del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) evidenció que “la capacidad efectiva de gasto público provincial cayó un 9,8% entre los años 2010 y 2024. Veinte jurisdicciones aumentaron su grado de correspondencia fiscal, básicamente como consecuencia de la significativa caída de las TNA”. Como consecuencia, explicaron que “una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”.
Es decir que los Ingresos Brutos, uno de los focos de las críticas tributarias del Palacio de Hacienda, sostienen cada vez los servicios que los distritos provinciales tienen que asumir por el déficit de envíos federales. En simultáneo, la creación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) prácticamente tuvo motivaciones impositivas: reunir mayores voluntades para reclamar por los fondos para atender las responsabilidades de las que Nación se desliga.
Las confederaciones privadas alineadas con el discurso oficialista también se posicionaron en el último tiempo. Un estudio reciente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente Martín Rappallini participó del Consejo de Mayo, aseguró que las empresas industriales pagan 7,4 tasas municipales “que, en general, no tienen contraprestación ni proporcionalidad” y que tienen un saldo a favor de $526 millones por Ingresos Brutos provinciales en 2025. Tampoco se salvó Nación: reclamaron que en las empresas industriales tienen en promedio un 41% saldo a favor en al menos un impuesto nacional.
“El sector privado financia al sector público por la no devolución de saldos a favor”, planteó el informe, pidió la creación de una “Cuenta Única Tributaria que permita la devolución de saldos en forma ágil” y consideró “necesario revisar el diseño de los Regímenes de Recaudación y eximir a las pymes para evitar que sean agentes de retención y percepción de impuestos”. Esas iniciativas no fueron integradas en la reforma impositiva. Una de las explicaciones podría ser que las opiniones del Consejo de Mayo no eran vinculantes.
En esa línea, este mismo martes la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) presentó un duro comunicado en rechazo “al incremento de la presión impositiva que están llevando a cabo diversas jurisdicciones subnacionales”. “Debe advertirse que la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido”, añadieron e instaron “a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos”. En consonancia con su actitud, en la última semana se conocieron dos casos emblemáticos: el del intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, anunciando la eliminación de 107 tasas para el 2026, y el de Francisco Azcué, de Concordia, eliminando un gravamen del 10% a los derechos de entretenimiento sobre espectáculos públicos y la venta de entradas.
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