Arancibia: “El Acueducto Gran Tulum es un caso emblemático de cómo se dilapidaron 100 millones de dólares”

El abogado Marcelo Alberto Arancibia presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan para que se investiguen presuntos delitos cometidos durante las gestiones 2015-2023, en torno a la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. La presentación apunta a un posible perjuicio patrimonial de 100 millones de dólares, cifra que, según el letrado, “el Estado perdió sin que nadie diera explicaciones”.

La denuncia, realizada —según Arancibia— “en el simple interés de que se cumpla la ley”, llega a días del 10 de diciembre, fecha clave en la que se cumplen dos años desde que Sergio Uñac dejó la gobernación, límite temporal que establece el artículo 268 bis del Código Penal para iniciar procesos por presunto enriquecimiento ilícito.

Vínculos, sobreprecios y licitaciones direccionadas

El escrito detalla que la empresa proveedora de caños, KRAH América Latina S.A., estaría vinculada a un primo del exgobernador Uñac. De confirmarse, podría configurarse un esquema de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Como prueba inicial, Arancibia aportó diversas publicaciones periodísticas que reconstruyen una secuencia de hechos con posibles irregularidades, además de testimonios de empresas competidoras que aseguran que los pliegos licitatorios habrían sido diseñados para favorecer a KRAH, limitando la participación y generando sobrecostos.

El abogado también señaló que existieron informes técnicos oficiales que advertían deficiencias en la calidad de los caños, menor respaldo técnico y precios superiores a los de otras propuestas. Si estas advertencias fueron desoídas, afirmó, podría tratarse de una violación de deberes de funcionario público.

Una deuda millonaria por una obra inconclusa

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, confirmó días atrás que la provincia ya comenzó a pagar el crédito de 100 millones de dólares tomado para financiar el acueducto, pese a que la obra permanece inconclusa. Para Arancibia, este dato “refuerza la sospecha de una administración fraudulenta y de un beneficio económico indebido para terceros”.

Delitos investigados y medidas solicitadas

El abogado pidió investigar posibles delitos como:

• Violación de deberes de funcionario público

• Malversación de caudales públicos

• Negociaciones incompatibles

• Defraudación al Estado

Asimismo, solicitó que se requiera al Poder Ejecutivo los pliegos, ofertas, certificaciones e informes técnicos de la obra, y pidió la intervención de peritos técnicos, contables y económicos para evaluar calidad, costos y pagos. También pidió la citación del ministro Gutiérrez para que amplíe información.