Qué es una Ley Aclaratoria: el instrumento que impulsa San Juan para despejar dudas sobre la Ley de Glaciares

San Juan avanza, junto con Nación y otras provincias mineras, en la elaboración de una Ley Aclaratoria destinada a precisar conceptos de la Ley de Glaciares vigente desde 2010. La propuesta será presentada ante el Congreso de la Nación y requerirá aprobación tanto de Diputados como de Senadores. El gobernador Marcelo Orrego anticipó que espera que el proyecto pueda ser debatido antes de fin de año.

El ministro de la Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, remarcó que la claridad normativa es clave para el avance de inversiones mineras. “Para la minería que queremos en San Juan, es determinante tener una aclaración de la Ley de Glaciares”, sostuvo. También recordó que proyectos estratégicos de cobre —como Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón— mantienen postergadas presentaciones de impacto ambiental, ampliaciones e incluso el ingreso al RIGI hasta no contar con seguridad jurídica sobre los alcances de la ley.

En ese marco, Orrego viajará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y autoridades nacionales. Según adelantó, el objetivo es consensuar un documento conjunto entre gobernadores de provincias mineras y el Ejecutivo nacional para luego elevarlo al Congreso. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, precisó que se trata de una “Ley Aclaratoria” que no modifica ni deroga artículos, ni reemplaza la reglamentación vigente. “Busca aclarar para proteger lo que realmente debe ser protegido: las reservas de agua que aportan los glaciares”, afirmó.

Qué es una Ley Aclaratoria

Según explicaron fuentes calificadas, una Ley Aclaratoria es otra ley que el Congreso puede sancionar para despejar dudas, corregir ambigüedades o suplir omisiones de una norma anterior. La Corte Suprema ha sostenido en distintos fallos que el Congreso tiene la facultad de dictar este tipo de leyes cuando una normativa resulta “confusa, contradictoria o imprecisa”.

Su recorrido legislativo es exactamente el mismo que cualquier otro proyecto: ingreso a una de las cámaras, debate en comisiones, votación para obtener media sanción y posterior aprobación en la cámara restante. Por ese motivo, algunos juristas consideran que debería replicar el camino que tuvo la Ley de Glaciares original, que en 2010 fue aprobada primero por Diputados y luego por el Senado.

Un Congreso con nueva correlación de fuerzas

Tras las elecciones nacionales, la composición del Congreso cambió. El oficialismo se encuentra en una posición política más favorable y, según trascendidos, La Libertad Avanza habría asegurado acuerdos para consolidarse como primera minoría, condición que le permite garantizar quórum propio. Entre las próximas discusiones legislativas figuran el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, aunque Orrego se mostró optimista respecto a que la Ley Aclaratoria también sea incorporada en la agenda antes de fin de año.

La postura del sector minero

Desde la CAEM, su presidente Roberto Cacciola advirtió que si la Ley de Glaciares no se aclara, “el 75% de todos los recursos minerales que tiene la Argentina seguirán esperando” bajo la cordillera. El sector sostiene que la falta de definiciones concretas sobre el ambiente periglaciar y los criterios de protección genera incertidumbre que frena inversiones millonarias.

Fernández coincidió en ese punto y detalló que la actual redacción de la ley “ofrece vaguedades” que desalientan el avance de proyectos. Señaló que las empresas necesitan precisiones para hundir grandes cifras de capital: “No se trata de modificar el espíritu de la ley, sino de ordenar conceptos y dejar claro qué debe protegerse y cuál es el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales”.

El ministro Perea agregó que el borrador que trabajan Nación y provincias funciona como un memorándum de entendimiento, donde se establece la solicitud formal de una aclaración legislativa. La intención es que la futura ley precise qué geoformas del ambiente periglaciar aportan efectivamente agua y requieren protección estricta, y cuáles no, para evitar interpretaciones amplias que afecten áreas productivas sin fundamento técnico.