Escándalo en el CEF 20: penas por peculado y fraude, y una posible inimputabilidad
La causa por los alquileres clandestinos en el CEF N.º 20, ubicado en La Granja (Santa Lucía), tuvo este lunes un avance clave: dos de los tres imputados fueron condenados mediante un juicio abreviado, mientras que el tercero quedó a la espera de una junta médica que determinará si es inimputable.
En la audiencia celebrada el 1 de diciembre, Daniel Samat —exdirector del establecimiento— y Mario Sanz —expresidente de la Asociación Cooperadora— aceptaron su responsabilidad en una estructura que, según Fiscalía, funcionó entre 2019 y 2022 cobrando de manera ilegal el uso de canchas, pileta, gimnasio, pista de atletismo, estacionamientos e incluso servicios públicos dentro del predio, que por ley es de acceso gratuito.
Samat recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Sanz, por su parte, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y la misma inhabilitación. Ambos fueron considerados responsables de los delitos de peculado, administración fraudulenta agravada y estafas reiteradas.
La investigación de la UFI Delitos Especiales reveló cifras contundentes: solo la cancha de hockey fue alquilada al menos 740 veces, y el monto de fraudes verificados supera el millón de pesos, aunque se estima que la recaudación ilegal fue mucho mayor. Entre las maniobras detectadas, se cobraban cursos de ingreso, alquiler de canchas, uso de estacionamientos y hasta “multas” para quienes no asistían a los turnos reservados. Nada de ese dinero fue rendido al Estado.
El tercer imputado, Miguel Jofré, quien en el último tramo habría actuado junto a Sanz, enfrenta una situación distinta. Su defensa solicitó la suspensión del proceso argumentando una presunta incapacidad mental sobreviniente que le impediría comprender los hechos y defenderse. Presentaron informes psicológicos y certificados médicos que describen un cuadro que podría afectar su lucidez, aunque sin diagnóstico preciso.
El juez Alberto Caballero ordenó la conformación de una junta médica integrada por profesionales del Cuerpo Forense, especialistas del Hospital Marcial Quiroga y peritos de ambas partes. La pericia buscará establecer si la alteración es real, si hay signos de simulación y si el eventual cuadro es reversible. Hasta tanto se conozca el informe, el proceso contra Jofré quedó suspendido.
La causa continúa abierta y la fiscalía no descarta nuevas medidas en función del avance de la pericia que definirá el futuro judicial del único acusado que aún no fue juzgado.
POR LIC. EUGENIA VILA
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