Green Health reclama US$150 millones a San Juan por el fallido proyecto de cannabis medicinal

La empresa Green Health, una de las cinco firmas que desembarcaron en San Juan para producir cannabis medicinal, reclama al Estado provincial el pago de 150 millones de dólares. Según confirmaron fuentes oficiales, la compañía agotó una instancia administrativa que fue rechazada y avanzó con los primeros pasos para presentar una demanda judicial. El planteo inicial ingresó al 9.º Juzgado Civil, aunque por el momento no tiene resolución.

Green Health, representada por el abogado Ernesto Clavijo, sostiene que la provincia debe resarcirla por los “daños y perjuicios ocasionados” al no poder cultivar ni comercializar los productos que desarrolló. La empresa argumenta que la administración sanjuanina no realizó las gestiones necesarias para que Nación habilitara la comercialización, un paso que permanece bloqueado.

El proyecto del cannabis medicinal fue impulsado durante la gestión uñaquista mediante la creación de Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CANME), una compañía pública destinada al cultivo, industrialización y comercialización de derivados de cannabis con fines científicos y terapéuticos. En 2021, CANME se asoció con cinco empresas privadas para desarrollar investigaciones y definir los productos aptos para escalar a la producción, incluyendo aceites medicinales. Para ello, la provincia adquirió un predio de 900 hectáreas en La Acequión, Sarmiento, aunque solo unas 150 se destinaron efectivamente al cultivo.

Green Health, que cuenta con capitales extranjeros y locales, invirtió unos 3 millones de dólares y completó todas las etapas de investigación previstas. Sin embargo, su avance quedó frenado por la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de cerrar, en julio pasado, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Desde Nación argumentaron que la ley que la creó era imprecisa y generaba obstáculos regulatorios, lo que paralizó la habilitación para comercializar derivados de la planta.

En este contexto, la empresa sostiene que la provincia generó una “expectativa falsa” respecto del negocio y que no actuó para destrabar la normativa a nivel nacional. El reclamo administrativo, que incluía la exigencia del pago de 150 millones de dólares tanto a la provincia como a CANME y sus autoridades, fue rechazado, dejando a la firma habilitada para demandar en la Justicia.

Un hecho llamativo para el Ejecutivo provincial fue que Green Health solicitó ante el juzgado el beneficio de “litigar sin gastos”, un recurso destinado a personas o entidades sin capacidad económica para afrontar costos judiciales. La petición sorprendió debido a que la firma ya realizó una inversión millonaria en la provincia. En caso de que se rechace el beneficio —como ya recomendaron Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal—, la empresa debería afrontar un sellado cercano a los 4 millones de dólares, ya que la tasa se calcula según el monto del reclamo.

Si finalmente no logra litigar sin gastos, Green Health podría optar por reducir el monto de la demanda para pagar un sellado menor. Quedará a la espera de la resolución del juez y, luego, de conocer el monto definitivo con el que la firma insistirá en su reclamo contra la provincia.