El Gobierno acelera cambios en la Ley de Glaciares y negocia respaldo con las provincias mineras

El Gobierno nacional decidió avanzar en febrero con una reforma a la Ley de Glaciares, impulsado por el reclamo histórico de las provincias mineras que exigen una definición más precisa del área periglacial. La iniciativa, que el Ejecutivo ubica entre sus prioridades legislativas, apunta tanto a resolver trabas regulatorias como a consolidar respaldo político en la cordillera.

Una jugada política para sumar gobernadores

En la Casa Rosada consideran que el tema abre una ventana de oportunidad: San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca reúnen 13 diputados y cuatro senadores que podrían acompañar un cambio técnico sin impacto fiscal. El oficialismo apuesta a un acuerdo que le permita afianzar vínculos legislativos y generar una señal de previsibilidad al sector minero. Todo en un contexto en el que el Gobierno mantiene tensiones con Pro y busca dividir posiciones dentro de la oposición.

Orrego reimpulsa el reclamo sanjuanino

El movimiento tomó fuerza luego de la reunión entre el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario planteó que la falta de definiciones claras en la ley actual frena inversiones estratégicas y genera incertidumbre jurídica.

“Es clave contar con una normativa seria y concreta”, sostuvo Orrego, destacando que el tema volvió a instalarse en la agenda nacional. San Juan, que concentra la mayor cantidad de glaciares del país y seis proyectos de cobre, ve en la reforma una oportunidad para consolidar inversiones estimadas en US$30.000 millones y la creación de 40.000 empleos directos entre 2026 y 2031.

El centro del debate: cómo definir el área periglacial

El punto crítico es la actual definición del ambiente periglacial, una categoría amplia que, según las provincias, impide actividades productivas en zonas donde la función hídrica no estaría comprobada. Funcionarios y especialistas sostienen que la falta de criterios técnicos precisos provoca superposición entre competencias nacionales y provinciales, paraliza autorizaciones y desalienta la llegada de capitales.

El ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández, remarcó que el objetivo no es reducir la protección ambiental, sino distinguir qué formaciones tienen impacto real en las cuencas hídricas. “Nadie pretende dejar de proteger los glaciares”, afirmó, subrayando que muchas áreas catalogadas no cumplen un rol crítico.

Provincias del norte como Salta, Jujuy y Catamarca se alinean con este planteo y también piden una norma más específica.

Qué podría cambiar

Un artículo de la Ley Bases ya había incluido una modificación que habilitaba actividad económica en el ambiente periglacial bajo control ambiental, pero fue retirado. Ahora, el Gobierno evalúa impulsar una norma independiente que precise el alcance de la protección.

San Juan sostiene que la prioridad es una reglamentación inmediata que ofrezca certidumbre, sin necesidad de un debate legislativo extenso que —según fuentes provinciales— ya cuenta con consensos técnicos internos. El Ianigla, encargado del Inventario de Glaciares, informó que aún no recibió notificaciones oficiales sobre posibles cambios.

Un debate que recobra centralidad

En la Casa Rosada aseguran que existe voluntad política para discutir la reforma y que el clima legislativo es favorable. De avanzar, la redefinición del área periglacial se convertirá en uno de los ejes centrales de la relación entre Nación y las provincias mineras en el inicio del año parlamentario.