Orrego reveló las dos vías que analiza Milei para redefinir la aplicación de la Ley de Glaciares

El gobernador Marcelo Orrego dio a conocer las alternativas que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, estudia para resolver las controversias en torno a la Ley de Glaciares, especialmente en lo que refiere a la delimitación de las zonas periglaciares. Según explicó el mandatario, las indefiniciones actuales generan una fuerte incertidumbre que frena las inversiones en la minería, una de las principales actividades económicas de San Juan.

Orrego señaló que la falta de precisión en la ley impide el avance de proyectos estratégicos como Vicuña, Pachón y otros emprendimientos que podrían acogerse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El tema fue planteado directamente por el gobernador ante Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, en reuniones recientes en Buenos Aires.

“Hasta que no exista una clarificación, es difícil pensar que estos proyectos arranquen”, había advertido días atrás el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea. En esa línea, Orrego insistió en que una definición normativa resulta urgente para destrabar la parálisis del sector.

De acuerdo con lo informado por fuentes del Ejecutivo provincial, desde Nación se anticipó que una medida aclaratoria será emitida en breve, con la intención de lograr consenso en el Congreso y aprobarla durante las sesiones extraordinarias antes de fin de año.

El mandatario sanjuanino detalló las dos principales vías que se analizan:

1. Decreto reglamentario: Esta opción permitiría redefinir los criterios técnicos de la ley mediante una reglamentación presidencial. “En definitiva, va a determinar qué es un glaciar”, explicó Orrego, al destacar que esta herramienta daría mayor precisión jurídica.

2. Potestad provincial: La alternativa que impulsa San Juan —y que, según Orrego, recibió buena recepción del Gobierno nacional— propone que las provincias sean la autoridad de aplicación de la ley, reemplazando al Ministerio de Ambiente de la Nación. La iniciativa surgió en el marco de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, y se basa en el principio constitucional que otorga a las provincias la titularidad de los recursos naturales.

Para el gobernador, esta descentralización sería clave: “Eso le daría claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones”, aseguró.

La Ley de Glaciares vigente prohíbe actividades que afecten cuerpos de hielo y permafrost, pero su redacción ambigua deja amplios márgenes de interpretación. Desde San Juan sostienen que permitir que cada jurisdicción defina su aplicación posibilitaría armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.

La inminente medida del Gobierno de Milei es vista en la provincia como una “luz verde” para la llegada de capitales y el reinicio de proyectos mineros que podrían dinamizar la economía regional y generar empleo en la cordillera.

Op: Juan Llarena