Ponte recusó al juez y logró demorar el inicio del juicio por evasión de $207 millones

El juicio por evasión agravada contra el empresario Manuel Ponte debía comenzar esta semana, pero una maniobra de último momento de su defensa postergó el inicio del debate. Su abogado, Daniel Sosa Arditi, recusó al juez federal Daniel Doffo, al considerar que el magistrado había “prejuzgado” al no resolver un planteo sobre la prescripción de uno de los períodos investigados.

Doffo, por su parte, rechazó apartarse del caso y explicó que resolvería el planteo al momento de dictar sentencia, tal como establece el Código Procesal Federal. Aun así, la recusación deberá ser evaluada por alguno de los otros jueces del Tribunal Oral Criminal Federal, Eliana Rattá o Hugo Echegaray, lo que demorará el reinicio del proceso.

Según fuentes judiciales, mientras la defensa buscaba ganar tiempo, el empresario intentó cancelar la totalidad de la deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque habría tenido inconvenientes técnicos con la emisión del Volante Electrónico de Pago (VEP).

Sin embargo, tanto el fiscal Fernando Alcaraz como el abogado querellante de ARCA, Patricio Escubier, se oponen a que el proceso se extinga por pago, ya que Ponte ya fue condenado en 2023 a dos años y seis meses de prisión en suspenso por hechos similares de evasión y apropiación indebida de aportes.

De avanzar el juicio, el empresario enfrenta una nueva acusación por evasión agravada, debido a que ocultó cuentas bancarias en España y omitió declarar los ingresos provenientes de la venta de su empresa en 2014. En total, el organismo recaudador determinó que evadió $32,7 millones en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, cifra que actualizada asciende hoy a $207 millones.

Si bien Ponte podría recibir una condena de cumplimiento efectivo —con penas que van de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión según el Régimen Penal Tributario—, su edad de 75 años podría permitirle cumplir la pena en su domicilio.

Por ahora, el futuro del juicio dependerá de la resolución del tribunal sobre la recusación presentada, aunque todo indica que la estrategia de la defensa logró su objetivo inmediato: ganar tiempo y dilatar el inicio del debate oral.

Op: Juan Llarena