Acuerdo institucional: Fiscalía y Fiscalía de Estado coordinarán su intervención en causas penales con impacto económico

Luego de un enfrentamiento que generó ruido en Tribunales, este miércoles se concretó la esperada reunión entre el fiscal General de la Corte provisorio, Daniel Galvani, y el fiscal de Estado, Sebastián Dávila. El encuentro, que tuvo lugar a primera hora en el despacho de Galvani, sirvió para reencauzar la relación institucional y acordar una intervención coordinada en causas penales donde se considere que hubo perjuicio para las arcas provinciales.

Según confirmaron fuentes de ambos organismos, la charla fue cordial y productiva. Hubo consenso para que el Ministerio Público ceda participación al Estado en esos expedientes y se implemente un intercambio de información que permita mayor agilidad en los trámites. “Vamos a compartir los legajos de las causas en las que pueda verse afectado el interés de la provincia”, explicó Dávila tras la reunión.

El fallo que forzó el acuerdo

La reunión se dio luego del fallo de la jueza Carolina Parra, quien resolvió darle participación a la provincia como parte querellante en una causa por amenaza de bomba. Esa decisión dejó en una posición incómoda al Ministerio Público, que debía definir si apelaba o aceptaba la intervención del Estado.

Finalmente, Galvani optó por el diálogo. “Fue una reunión de trabajo. Siempre hemos tenido una excelente relación con Fiscalía de Estado, pero el fallo ameritaba coordinar acciones”, señaló. De este modo, Fiscalía no apelará la resolución judicial y dará lugar a la participación estatal en las causas con impacto económico.

Un conflicto sin precedentes

El cruce entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Estado sorprendió a la Justicia local. No había antecedentes de una disputa institucional tan marcada, que incluso obligara a una jueza a definir quién debía intervenir en una causa.

El conflicto estalló tras el caso de Axel Muñoz, el joven acusado de realizar tres llamados falsos con amenazas de bomba en una escuela de Rawson. En ese contexto, la Fiscalía de Estado insistió en actuar como querellante porque el Gobierno provincial busca recuperar los costos de los operativos, estimados entre 18 y 20 millones de pesos por cada episodio.

Según detalló Dávila, ya se iniciaron seis demandas civiles y hay tres más listas para ser presentadas, con el objetivo de que los responsables asuman los gastos generados por los procedimientos de seguridad.

Nueva etapa de cooperación

Tras la cumbre, las señales de distensión fueron evidentes. Desde ambos organismos coincidieron en que “está todo bien” y que se mantendrá un trabajo conjunto. Según trascendió, la Fiscalía de Estado limitará su intervención a las causas principales, es decir, aquellas en las que exista perjuicio económico real o comprobable.

Esto permitirá que las causas menores —como las de Flagrancia por rotura de móviles policiales u otros daños menores— puedan resolverse con rapidez y sin interferencias, a través de acuerdos abreviados entre fiscalía y defensa.

Equilibrio institucional y defensa del patrimonio

El entendimiento entre Galvani y Dávila marca el fin de una tensión que se había extendido durante semanas. A partir de ahora, la coordinación entre ambos organismos buscará proteger el patrimonio del Estado sin obstaculizar la labor judicial, estableciendo un precedente de cooperación institucional en la Justicia provincial.