El crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado durante un tiroteo en el barrio Valle Grande, sigue generando repercusiones. A una semana del hecho que conmocionó a San Juan, la tensión entre las familias involucradas no cede: la Justicia ya investiga al menos cuatro denuncias cruzadas por amenazas de muerte, algunas de ellas con el uso de armas de fuego.
Fuentes judiciales confirmaron que las causas quedaron en manos de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Alejandro Mattar, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer los nuevos hechos. Los investigadores ya comenzaron a tomar declaraciones a vecinos y familiares, en medio de un clima de creciente hostilidad dentro del barrio rawsino.
El conflicto entre los Barboza y otras familias de la zona no es nuevo. De hecho, los enfrentamientos arrastran años de disputas, que esta vez escalaron hasta lo irreparable. La noche del 14 de octubre, un intercambio de disparos entre viviendas vecinas terminó con la vida de Emir, quien jugaba en la vereda cuando una bala perdida lo alcanzó en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Por el homicidio, permanecen detenidos siete mayores y un menor, todos vinculados al tiroteo. Los adultos fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga.
Durante los allanamientos realizados tras el crimen, la Policía secuestró municiones, proyectiles deformados, un revólver calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers y varios teléfonos celulares, elementos que ya fueron incorporados al expediente.
El lunes, Orostizaga fue llevado ante la jueza de Garantías Irene Moya, donde fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y recibió prisión preventiva por seis meses. Testigos lo ubicaron entre los tiradores desde el techo de una vivienda, aunque el acusado negó su participación y aseguró que acababa de llegar de trabajar cuando ocurrieron los disparos.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y en alerta a las fuerzas de seguridad. Mientras las investigaciones judiciales avanzan, las familias enfrentadas permanecen bajo vigilancia policial y judicial, en un intento por evitar nuevos episodios violentos en un barrio que sigue marcado por el miedo y el dolor.
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