El presunto tirador de la barra de San Martín seguirá preso tres meses
Iván Andrés Dávila Yafar, señalado como el presunto tirador en los violentos incidentes entre las facciones La Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación de la barra brava de San Martín de San Juan, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
La medida fue dispuesta este martes por la jueza Flavia Allende, durante la audiencia de formalización que tuvo lugar en el sistema judicial provincial. En la instancia participaron la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y el abogado defensor Horacio Merino.
Según se informó, Dávila Yafar fue imputado por cinco hechos vinculados a la causa, entre ellos, haber efectuado disparos contra una vivienda y poseer un arma de fuego en otra ocasión.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que el acusado tiene antecedentes penales y que existen riesgos procesales que justifican la medida. En tanto, la defensa pidió la prisión domiciliaria por razones de arraigo familiar, pero la solicitud fue rechazada por la magistrada.
La jueza Allende otorgó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y resolvió que el imputado cumpla la preventiva en el penal provincial.
En el marco de esta causa, otros integrantes de la barra también fueron procesados. Facundo Asís, miembro de La Banda del Pueblo Viejo, fue condenado a seis meses de prisión condicional por amenazas, daños y lesiones leves, por lo que no irá a la cárcel.
Por su parte, Agustín Agüero, detenido el 4 de octubre al ingresar al estadio de San Martín, deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 2ª y tiene prohibición de acercamiento a determinadas personas y lugares por un año.
En tanto, Marcelo Gerardo González Pareyra, alias “El Puchi”, también detenido durante los allanamientos del 24 de septiembre, recuperó la libertad al no contar con antecedentes.
La investigación judicial además alcanzó a Fernando Moya y Franco Maurin Vargas, ambos prestamistas. Moya deberá realizar tareas comunitarias y pagar una reparación simbólica, mientras que Maurin cumplirá arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
POR LIC. EUGENIA VILA
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