Tensión judicial: el fiscal de Estado aclaró su rol tras la disputa en un juicio por amenazas de bomba

Sebastián Dávila respondió a la oposición del Ministerio Público Fiscal y aseguró que su intención “no es ocupar protagonismo, sino colaborar en causas donde se afecte el interés de la provincia”.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, se refirió este lunes al conflicto surgido durante un juicio por amenazas de bomba, luego de que los fiscales de la Unidad Genérica, Daniela Pringles y Alejandro Mattar, se opusieran a que la Fiscalía de Estado actúe como querellante en la causa.

El caso involucra a Axel Muñoz, acusado de realizar una triple amenaza de bomba contra una escuela de Rawson. En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaron la participación de los abogados del Estado como acusadores en el proceso.

En diálogo con Demasiada Información (Radio Light), Dávila explicó que la intervención de la Fiscalía de Estado se limita a los casos en los que esté en juego el interés provincial. “Nuestra función es participar cuando se afecta el orden público o el funcionamiento del Estado. No entendemos muy bien la oposición, pero respetamos su postura”, sostuvo.

El funcionario remarcó que la intención de su área no es reemplazar al Ministerio Público Fiscal, sino contribuir a las investigaciones. “Si fuera un hecho en un ámbito privado no intervendríamos. Pero si ocurre en el Centro Cívico, una escuela pública o el Hospital Rawson, el Estado tiene la obligación de actuar”, afirmó.

Dávila detalló que, en este tipo de causas, la Fiscalía de Estado trabaja en conjunto con los ministerios provinciales para cuantificar los daños ocasionados, como gastos de protocolo y operativos, con el objetivo de imputar los costos a los responsables.

“Esto se va a resolver fácilmente. No queremos protagonismo ni ocupar lugares ajenos, solo colaborar para que se terminen los llamados”, enfatizó.

Finalmente, el fiscal de Estado destacó que la disminución de las amenazas de bomba en los últimos meses se debe, en parte, a la menor exposición mediática de estos casos. “Evitar su difusión pública ayudó a reducir los hechos. Ahora esperamos la decisión judicial sobre si podremos o no actuar como querellantes”, concluyó.

Op: Juan Llarena

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