Peligra el cobro del CUM: siete municipios sanjuaninos cerca de perder sus juicios por falta de impulso

Chimbas, Rawson, Sarmiento, Valle Fértil, 9 de Julio, 25 de Mayo y San Martín no movieron sus causas en más de seis meses. Nación pidió que se declare la caducidad y podría quedar firme el decreto que prohíbe cargos extras en la factura de luz.

Siete municipios de San Juan están a un paso de quedarse sin la posibilidad de seguir cobrando el Cargo Único Municipal (CUM) a través de las boletas de la luz. Se trata de Chimbas, Rawson, Sarmiento, Valle Fértil, 9 de Julio, 25 de Mayo y San Martín, comunas que iniciaron acciones judiciales para frenar el decreto del Gobierno nacional que prohíbe sumar conceptos ajenos al consumo eléctrico en las facturas, pero dejaron que las causas se paralizaran por más de seis meses.

La falta de impulso procesal abrió la puerta para que la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación solicitara la aplicación de la caducidad de instancia, una figura prevista en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite cerrar un expediente judicial cuando no hay movimiento por un período prolongado.

De acuerdo a la información confirmada por 0264Noticias, los siete municipios ya fueron notificados del pedido de caducidad y ahora deberán presentar un descargo para evitar que la Justicia federal dé por finalizadas sus demandas. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que si los descargos no resultan convincentes, es altamente probable que se cierre el proceso, lo que dejaría vigente el decreto nacional en esas comunas y habilitaría a los vecinos a pedir su aplicación, con impacto directo en las arcas municipales.

¿Qué está en juego?

El CUM representa ingresos clave para los municipios. Según el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, solo en su comuna el cargo sumó 2.500 millones de pesos en lo que va del 2024, fondos que se utilizan para financiar el alumbrado público y gastos en edificios municipales. La eliminación de este ítem, sin una alternativa de compensación, implicaría un recorte sensible en los presupuestos locales.

La postura de Nación

Desde el Gobierno nacional aclararon que la resolución que prohíbe cargos ajenos al consumo eléctrico no va dirigida contra los municipios, sino que apunta a las empresas distribuidoras, en este caso Naturgy San Juan (ex Energía San Juan). Además, argumentan que la medida protege a los consumidores, que no deberían pagar conceptos que no estén directamente vinculados al servicio eléctrico.

Un punto llamativo es que la empresa Naturgy no inició ninguna acción judicial para defender el cobro del CUM, lo que debilita aún más la posición de los municipios en la disputa legal.

¿Qué dicen desde San Juan?

Los municipios sostienen que la facultad para autorizar o no conceptos en la factura es provincial. El EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) emitió al menos dos dictámenes en los que avala esa postura, señalando que la relación contractual del servicio eléctrico se da entre la empresa y la provincia, sin injerencia directa del Estado nacional.

No obstante, este argumento aún no fue utilizado con fuerza en las causas judiciales, que hoy enfrentan el riesgo de ser archivadas por falta de impulso desde marzo.

¿Qué sigue?

Las causas se tramitan en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3, con sede en Buenos Aires, luego de que Nación pidiera unificar la jurisdicción por la existencia de otros procesos similares. En todos los casos, se aplicó el cálculo legal que marca seis meses de inactividad, sumado el receso judicial de julio, como plazo suficiente para declarar la caducidad.

Los plazos clave:

  • Chimbas, Rawson, Sarmiento y 9 de Julio: sin actividad desde el 6 de marzo, por lo que la caducidad se habría producido el 16 de septiembre.

  • Valle Fértil, 25 de Mayo y San Martín: sin movimiento desde el 11 de marzo, con fecha de caducidad estimada el 21 de septiembre.

Mientras tanto, otros municipios se encuentran en una situación similar, con causas iniciadas pero sin avances desde hace meses. La única excepción es Capital, que desistió del reclamo, y Zonda, que optó por no iniciar juicio, bajo el argumento de que el reclamo debe ser canalizado a través de la provincia.

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