El empresario Manuel Ponte enfrentará una audiencia clave por evasión fiscal millonaria

El empresario sanjuanino Manuel Ponte, expropietario de Autotransportes San Juan–Mar del Plata, será el protagonista de una audiencia decisiva este jueves en el Tribunal Oral Criminal Federal, donde se debatirá su situación en una causa por evasión impositiva agravada.

El monto original de la deuda asciende a $32.738.008, correspondiente a los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016, pero con la actualización del 512%, la cifra trepó a $207 millones, según confirmaron fuentes judiciales.

Ponte había suscripto un plan de pago en 13 cuotas con el organismo recaudador nacional ARCA (ex AFIP), lo que en principio le habría permitido acceder al sobreseimiento una vez cancelada la deuda. Sin embargo, los abogados del fisco rechazaron el acuerdo al detectar que el empresario ya posee una condena penal previa por evasión simple y apropiación indebida de aportes a la Seguridad Social, lo cual impide legalmente acceder a esos beneficios.

“La ley es clara: un contribuyente condenado por delitos tributarios no puede ingresar a un régimen de regularización”, explicaron fuentes de ARCA.

Ante esta situación, el juez federal Daniel Doffo convocó a una audiencia en la que participarán el fiscal Fernando Alcaraz, la defensa de Ponte y los representantes del fisco, en busca de una salida jurídica. La convocatoria se apoya en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que promueve soluciones que restablezcan la armonía social.

El debate se centrará en si puede habilitarse una vía alternativa de reparación del daño, considerando que el empresario pretende saldar la totalidad de la deuda, o si el caso deberá avanzar a juicio oral y público, con riesgo de penas de hasta nueve años de prisión por evasión agravada.

Un caso con peso simbólico

Manuel Ponte, de 75 años, pertenece a una familia tradicionalmente ligada al transporte sanjuanino y fue dueño del 95% de las acciones de Autotransportes San Juan–Mar del Plata hasta noviembre de 2014, cuando formalizó la venta a Realtic S.A. (92%) y Mario Verdeguer (8%).

De acuerdo con la investigación, no informó la transacción al organismo recaudador, omitiendo el pago del Impuesto a las Ganancias. Además, ocultó la existencia de dos cuentas bancarias en España, cuyos movimientos tampoco fueron declarados, constituyendo otro hecho imponible omitido.

Los registros de ARCA revelan que el empresario recibió pagos parciales por la venta durante los años 2014, 2015 y 2016, mientras los nuevos dueños asumían pasivos concursales de más de $220 millones. La fiscalización que derivó en la causa comenzó en 2016, tras recibir información del exterior sobre los movimientos financieros del acusado.

Según la acusación, la evasión fue de $16,4 millones en 2014, $13,9 millones en 2015 y $2,4 millones en 2016, sumando los $32,7 millones totales que hoy equivalen a $207 millones.

Una condena anterior que lo complica

Ponte ya había sido condenado en diciembre de 2023 a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por evasión simple y retención indebida de aportes previsionales, tras un juicio abreviado.

En aquel expediente se comprobó que la empresa evadió Impuesto a las Ganancias e IVA durante los períodos 2011 y 2012, y no transfirió a la ANSES más de $4 millones descontados a sus trabajadores entre 2007 y 2011.

Esta condena previa constituye el principal obstáculo para que el empresario acceda al plan de regularización y al sobreseimiento. El fiscal y el fisco sostienen que, más allá de su voluntad de pago, la ley no permite un beneficio que podría implicar impunidad frente a la reincidencia tributaria.

El desenlace de la audiencia será clave para definir si Ponte logra cerrar su deuda a través de un acuerdo o enfrenta un juicio oral que podría transformarse en uno de los procesos económicos más relevantes del año en San Juan.

Op: Juan Llarena