La Justicia sanjuanina llevará adelante este viernes 17 de octubre la audiencia de formalización por el crimen de Emir Barboza, el niño de 8 años que perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho durante una balacera ocurrida el pasado 14 de octubre en el barrio Valle Grande, en Rawson.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, involucra a siete detenidos —seis adultos y un menor de edad—, mientras que una octava persona permanece prófuga, aunque con posibilidad de presentarse de forma voluntaria.
Los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez confirmaron que los seis adultos serán imputados por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas de entre 10 y 30 años de prisión. No se descarta que, en una etapa posterior, se sumen cargos por portación ilegal o abuso de armas, según los resultados de las pericias.
“La causa es compleja y aún restan peritajes, entre ellos los estudios de ADN sobre las armas secuestradas. No queremos adelantar hipótesis sin contar con toda la evidencia”, explicó Grassi.
Entre los detenidos figuran Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo, mientras que el adolescente L.B. será investigado en el fuero de Menores. Todos están señalados por su presunta participación en el enfrentamiento que derivó en la muerte del niño, quien intentaba refugiarse en su casa al momento del disparo.
La Fiscalía cuenta con un video clave, en el que se observa el instante en que Emir cae tras recibir el impacto. Aunque la calidad del registro no es óptima, los investigadores trabajan en su mejora para incorporarlo formalmente al expediente.
Durante los operativos posteriores al hecho, la Policía de San Juan secuestró un revólver calibre .22 y varias vainas servidas de distintos calibres. Las pericias balísticas y genéticas determinarán si alguna de esas armas fue utilizada en el crimen. También se esperan los resultados de anatomía patológica y absorción atómica, que podrían demorar entre dos y cuatro semanas.
Mientras tanto, el caso genera una profunda conmoción social. La familia del niño exige justicia y celeridad. “Queremos justicia por mi hijo”, expresó Roberto Barboza, padre de Emir, frente al Palacio de Tribunales. En tanto, la escuela a la que asistía el pequeño suspendió sus actividades y la Policía reforzó la vigilancia en la zona.
El fiscal Grassi destacó la rápida respuesta policial esa madrugada: “Los efectivos estaban patrullando el área por disturbios previos y llegaron en menos de dos minutos tras escuchar las detonaciones. Solo uno de los sospechosos sigue prófugo, pero hay gestiones para su entrega”.
El expediente aún se encuentra en etapa de instrucción y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones o ampliaciones de imputación, según lo que arrojen las pericias y testimonios.
El crimen de Emir reaviva el recuerdo del caso Uma Calvo Carrizo, la beba de tres meses asesinada por una bala perdida en Pocito en 2014, aunque los fiscales aclararon que los contextos son distintos:
“El caso Uma fue un ataque planificado; el de Emir, una tragedia producto de una gresca que se desbordó”, señalaron fuentes judiciales.
Op: Juan Llarena
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