La Justicia rechazó la cautelar de un docente que denunció discriminación política en la UNSJ

El conflicto interno en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó la medida cautelar solicitada por el profesor Gustavo Ortiz, quien había denunciado ser víctima de discriminación política durante las fallidas elecciones del Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (DGAF).

Ortiz, identificado con el kirchnerismo, había resultado electo como jefe del departamento en un comicio que luego fue anulado. En su presentación judicial, pidió ser reincorporado a su cargo de subdirector mientras se tramitaba la denuncia. Sin embargo, la Justicia desestimó el pedido al considerar que no existen elementos que evidencien arbitrariedad ni discriminación en las decisiones adoptadas por la facultad.

La resolución de Rago Gallo fue interpretada como un primer revés judicial para Ortiz, aunque no cierra el caso. El magistrado aclaró que se trata de una decisión sobre una cuestión preliminar y que el expediente seguirá su curso para determinar si efectivamente hubo o no actos discriminatorios dentro del ámbito universitario.

En su fallo, el juez sostuvo que los mandatos de Ortiz y de la exdirectora del departamento, Graciela Gómez, ya se encontraban vencidos. Además, recordó que el consejero docente elegido en representación del cuerpo académico fue designado provisionalmente a cargo de la dirección, hasta que se resuelva el conflicto electoral.

Rago Gallo fue contundente al descartar irregularidades a simple vista:

“No surge prima facie fundada en elementos de convicción suficientes que dejen ver arbitrariedad ni discriminación ante bases igualitarias”, indicó en su resolución.

Asimismo, remarcó que la medida solicitada excedía el alcance de una cautelar, ya que requería un análisis de fondo sobre el proceso electoral y la estructura de gobierno del departamento.

De todos modos, el juez notificó formalmente a la UNSJ sobre la denuncia y la intimó a presentar un informe detallado en un plazo de cinco días, explicando los antecedentes y fundamentos de las decisiones cuestionadas.

La denuncia presentada por Ortiz, junto a su compañero de fórmula Arturo Güell, apunta a que las autoridades de Exactas impusieron un “régimen electoral desigual” y actuaron con motivaciones políticas. Según el docente, las diferencias con el decano Jorge Castro, a quien enfrentó en las elecciones de la facultad, habrían influido en la anulación del proceso.

Por ahora, la Justicia no avaló la hipótesis de discriminación política, aunque el caso sigue abierto y promete nuevos capítulos en los próximos meses, en medio de un clima de tensión dentro de la comunidad académica.