Tras liquidación récord, diputados cuestionan control de exportaciones agrícolas

Diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre la aplicación de la Ley Martínez Raymonda (N.º 21.453 y su modificatoria N.º 26.351), que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos. El pedido cobra relevancia tras la reciente liquidación de un cupo de 7.000 millones de dólares en solo tres días, bajo el régimen de retenciones cero dispuesto por el Decreto 682/2025.

La iniciativa, impulsada por legisladores de distintas bancadas, exige conocer qué mecanismos de control se están utilizando para verificar que los exportadores cuenten realmente con la mercadería declarada al momento de registrar sus ventas. También solicita información sobre la cantidad de DJVE autorizadas en el último año, cuántas fueron observadas o rechazadas por irregularidades, y qué sanciones se aplicaron en los casos de incumplimiento.

Entre los puntos centrales del proyecto, los diputados cuestionan si el Ejecutivo está considerando reducir los plazos de vigencia de las DJVE, una medida que apuntaría a frenar maniobras especulativas por parte de actores que podrían registrar ventas sin contar con el grano físico disponible.

“Resulta imprescindible que esta Honorable Cámara pueda conocer los mecanismos de control y la aplicación efectiva de sanciones”, señala el texto del proyecto. Los legisladores también advierten que el régimen extraordinario habilitado por el decreto presidencial “se agotó en tiempo récord”, lo que, en su opinión, demuestra la necesidad urgente de “mayor transparencia y actualización normativa”.

El debate se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y sectores del agro. Mientras entidades rurales denuncian que las recientes medidas fiscales solo favorecieron a los grandes exportadores, desde el oficialismo defienden el esquema como una herramienta que permitió reforzar las reservas internacionales y estabilizar el mercado cambiario.

Con este pedido, el Congreso busca ejercer un mayor control sobre la política comercial del Gobierno y prevenir abusos en un sistema que mueve miles de millones de dólares y tiene un fuerte impacto sobre la economía nacional.