La Fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila, presentó las primeras tres demandas civiles por los operativos antibomba desplegados en la provincia de San Juan, tras recibir llamadas falsas que generaron alarma social y movilizaron recursos estatales. Los montos involucrados ascienden a 18, 19 y 20 millones de pesos, totalizando 57 millones de pesos que el Estado busca recuperar.
Uno de los casos corresponde al recital de Lali Espósito, donde Carlos Salem (74) fue detenido y condenado a 3 años de prisión en suspenso. Los otros dos operativos involucraron amenazas en escuelas realizadas por menores, por lo que las demandas se dirigen a sus padres o tutores.
Dávila explicó que los montos se calculan considerando: el costo operativo del despliegue policial y de personal especializado, los daños indirectos por los servicios suspendidos (como la educación en las escuelas afectadas) y el daño moral colectivo generado por la alarma social.
Las demandas se inician con una instancia de mediación previa obligatoria, prevista dentro de 15 a 20 días, donde las partes pueden acordar montos finales y métodos de pago. De no lograrse un acuerdo, se iniciará el juicio civil formal.
Hasta la fecha, se registraron al menos 25 llamadas falsas de amenaza de bomba en la provincia, y en los últimos siete días se sumaron 9 casos más. Dávila señaló que se está evaluando modificar la difusión de estos episodios, para evitar un efecto contagio que incentive la repetición de este tipo de actos.
La Fiscalía de Estado continuará presentando nuevas demandas y participará como parte querellante en los procesos penales que surjan a partir de estas amenazas.
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