Fingieron instalar fibra óptica y robaron casi dos toneladas de cables en Chimbas
Tres hombres fueron imputados por un millonario robo de cableado telefónico. Simulaban trabajar para una empresa inexistente, pero un vecino alertó a la policía y desbarató la maniobra.
Una maniobra delictiva insólita fue descubierta en el Loteo San Felipe, en Chimbas, donde tres hombres se hicieron pasar por técnicos de una empresa fantasma para sustraer cientos de metros de cableado telefónico.
El caso quedó al descubierto gracias a un vecino que, tras notar movimientos sospechosos durante varios días, llamó al 911. Al llegar la policía, los supuestos técnicos no pudieron acreditar autorización ni documentación que avalara el trabajo que decían realizar.
Según explicó el fiscal Cristian Gerarduzzi, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, los imputados Mauro Gastón Brito, Francisco Neri Moi y Néstor Javier Guzmán utilizaban una camioneta Toyota Hilux, presuntamente alquilada, y afirmaban trabajar para una firma llamada “Cotel G4”, que supuestamente estaba instalando fibra óptica en la zona.
Sin embargo, al investigar, se constató que dicha empresa no existe. Además, en el lugar no había cable nuevo para reemplazar el sustraído, solo herramientas de corte como pinzas y cizallas.
“Era una coartada muy bien armada, pero sin sustento. Solo cortaban cables y los retiraban, sin ningún trabajo de sustitución”, indicó el fiscal Gerarduzzi.
Durante el procedimiento, la policía incautó aproximadamente 400 metros de cable, con una sección de casi cinco centímetros de grosor y un peso cercano a dos toneladas. Este tipo de cableado, utilizado para líneas telefónicas junto al tendido eléctrico, posee un alto valor en el mercado ilegal.
Los tres hombres fueron detenidos en el lugar, pero posteriormente recuperaron la libertad debido a que no tenían antecedentes penales, aunque quedaron vinculados a la causa. Una cuarta persona involucrada resultó ser menor de edad.
En la audiencia de formalización realizada casi dos meses después, el juez Federico Rodríguez otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dictó medidas de coerción:
Prohibición de salir de la provincia.
Secuestro de la camioneta y los cables robados, que serán peritados como parte de la investigación.
El caso continuará bajo la órbita de la UFI, con la participación de la ayudante fiscal María Marcela Magri, para determinar la magnitud del delito y establecer si existen otros hechos similares en la provincia.
“Se trató de un episodio inusual que combina planificación y engaño. Ahora buscamos establecer si este grupo actuó en otros barrios bajo la misma modalidad”, concluyó Gerarduzzi.
El robo de cableado se ha convertido en un problema creciente, debido al alto valor del cobre y otros materiales en el mercado ilegal, afectando tanto a empresas de telecomunicaciones como a los usuarios que sufren interrupciones en el servicio.
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