Promulgan la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el Ejecutivo demora su aplicación por falta de presupuesto

El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el texto original. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió postergar su aplicación, a la espera de que se definan las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento.

La medida se formalizó a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Allí se argumenta que la ejecución de la norma implicaría un gasto de más de $3 billones en 2025 —equivalente al 0,35 % del PBI—, una cifra que el presupuesto vigente no contempla. Solo la creación de la nueva pensión para personas con discapacidad demandaría $2,1 billones este año y $4,7 billones en 2026.

A esos costos se suman los del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con un gasto adicional estimado de $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026. Además, la compensación económica de emergencia para prestadores requeriría $278.323 millones.

En los fundamentos, el Ejecutivo recordó que la Ley de Administración Financiera exige que toda norma con impacto presupuestario especifique la fuente de recursos para cubrirlo. “El Congreso omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, señala el decreto, que agrega que la facultad de reasignar partidas al jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

La Casa Rosada ya había objetado la sanción de la norma al vetarla con el Decreto 534/25, al advertir que la falta de previsión financiera ponía en riesgo la sostenibilidad del régimen de atención a personas con discapacidad. Sin embargo, diputados y senadores insistieron con la aprobación por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento de la Constitución Nacional.

De esta forma, la ley quedó promulgada pero sin aplicación inmediata. El Gobierno comunicó la decisión al Congreso, que ahora deberá definir los recursos necesarios para hacer efectiva la emergencia nacional en discapacidad.