Gobierno promulgará la ley de discapacidad pero advierte que no se aplicará sin financiamiento

El Ejecutivo nacional confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que la norma no se reglamentará ni se implementará hasta definir de dónde provendrán los fondos necesarios para cubrir su impacto fiscal.

La iniciativa, impulsada por la oposición y con respaldo de aliados del oficialismo, logró superar los dos tercios exigidos en ambas cámaras para revertir el veto presidencial. Inicialmente, el Gobierno había evaluado recurrir a la Justicia para frenar la ley, pero finalmente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó su promulgación, aunque aclaró: “No se aplicará sin un esquema de financiamiento definido”.

Francos explicó: “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. No me pueden endilgar a mí que vea de qué partidas se sacan los fondos. Que me digan si hay que sacarle a los jubilados para pasarlo a discapacidad”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría beneficiar entre 493 mil y 946 mil personas, con un costo fiscal estimado entre $1,88 billones y $3,62 billones, equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI. Además, contempla $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.

La ley se aprobó en un contexto crítico para el sistema de atención a personas con discapacidad, marcado por recortes presupuestarios y cuestionadas auditorías que redujeron significativamente la cantidad de beneficiarios. La situación se agravó tras la salida del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de que se filtraran audios sobre un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.

Entre sus principales puntos, la norma garantiza el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para personas con Certificado Único de Discapacidad, ingresos por debajo de dos Salarios Mínimos y que no perciban prestaciones similares. El beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado dentro de los límites establecidos.

También establece la transformación automática de todas las pensiones ya otorgadas, la actualización mensual de aranceles según la inflación y un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para entidades del sector. Además, refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, responsable de coordinar las políticas en la materia.

Aunque la ley será finalmente promulgada, su implementación quedará en suspenso hasta que el Congreso y el Ejecutivo acuerden un esquema de financiamiento que garantice su viabilidad.

Rivero. C